Obtuvo media sanción el proyecto del ejecutivo sobre la Agencia de Bienes del Estado (rechazo del bloque del PJ)

El Bloque de Diputados de Juntos por Entre Ríos celebra la aprobación y media sanción del proyecto del Poder Ejecutivo que avanza en la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER).

La AABIPER tiene como objetivo revertir un estado de desidia prolongada en el manejo de los bienes del Estado provincial y poner fin a la dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado Provincial. Esta situación ha llevado a la falta de una política de administración integral y coordinada de los bienes del Estado.

Es necesario establecer un mecanismo centralizado para la actividad inmobiliaria provincial que permita el uso eficiente de los inmuebles estatales, su administración integral y “que posibilite disponer de los mismos de manera ágil en pos de la concreción de proyectos de interés colectivo”, tal como señala en sus fundamentos este proyecto que hoy aprobamos, del cual el diputado Marcelo López, presidente de la Comisión de Legislación General, fue el miembro informante.

Para lograr una administración eficiente, es imprescindible que tanto los bienes inmuebles del Estado Provincial como los derechos que sobre ellos pudieran constituirse sean administrados de forma centralizada, considerando los intereses estratégicos del Estado.

La falta de políticas adecuadas para la administración de los valiosos bienes del Estado entrerriano ha provocado que, a lo largo de distintas gestiones, se hayan creado diversos organismos sin alcanzar una acción efectiva. Muchas veces, a esos organismos se les otorgaban facultades que terminaban superponiéndose entre sí, lo que llevó a que durante años nadie se ocupara seriamente de administrar de manera integral el conjunto de bienes pertenecientes al Estado provincial. Esto ha ocasionado cuantiosas pérdidas a las arcas entrerrianas, que se calculan en miles de millones de pesos, si consideramos la cantidad de bienes ociosos que posee el Estado provincial.

Consecuentemente, hasta el momento no existe un inventario preciso sobre la cantidad de bienes que posee el Estado entrerriano en toda su geografía. Esta falta de claridad ha provocado, por ejemplo, la generación constante de juicios de usucapión por parte de particulares que han estado ocupando gran parte de esos inmuebles.

Con el proyecto que hoy aprobamos, se pondrá fin a esta situación. Se terminará el desconocimiento por parte del Estado sobre los bienes que pertenecen al conjunto de los entrerrianos y se erradicarán las acciones especulativas de particulares que han aprovechado las falencias en el funcionamiento, haciendo prescribir el derecho del Estado a ser propietario de sus propios bienes.

Además, la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos permitirá generar una renta pública por esos bienes, lo que sin duda será en beneficio de todos los entrerrianos.

Reiteramos: con este proyecto del Poder Ejecutivo, que hoy aprobamos, se pone fin a la pérdida de dominio del Estado sobre sus bienes.

¿Qué pasó con e bloque justicialista?

Los diputados del bloque “Más Para Entre Ríos” no acompañaron la media sanción que tuvo este martes el proyecto de creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER) por considerar un retroceso a la decisión de autorizar la venta de bienes del Estado Provincial sin la intervención de la Legislatura provincial.

La iniciativa, que fue enviada por el Poder Ejecutivo, propone la creación de esta superestructura que surge de la disolución de organismos -como la Dirección de Tierras Fiscales o la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado- para permitir la creación de la agencia en la que el Ejecutivo tiene la facultad de designar a todas las autoridades, encabezadas por un presidente que tiene amplias facultades, y para cuya designación no se establecen requisitos específicos atendiendo a que tendrá a su cargo decisiones de relevancia económica.

Esa relevancia económica se expresa en el artículo 3°, donde se indica que la agencia tendrá a su cargo “La promoción del desarrollo económico, productivo, social y ambiental, y la generación recursos económicos, a partir de operaciones inmobiliarias sobre los inmuebles bajo su administración y los que oportunamente adquiera”.

La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, sostuvo la posición en contra de esa supresión de facultades legislativas. “Este proyecto no fue debatido; sí tratado, pero no debatido. Hubo dos reuniones con representantes del Ejecutivo con los que dialogamos, pero lo cierto es que al proyecto le faltó tiempo y debate”, indicó y luego señaló que el miembro informante del oficialismo (Marcelo López) durante su exposición “se centró en lo jurídico, pero el debate es político. La Legislatura cede facultades, y si hablamos de transparencia, eso hace ruido”, apuntó, recordando que durante las reuniones de comisión los legisladores del oficialismo habían manifestado las mismas prevenciones.

“Esta ley le saca facultades a esta legislatura y eso me parece un retroceso enorme, es menos calidad institucional, una bandera que el oficialismo suele enarbolar”, remarcó la legisladora.

Stratta añadió: “Compartimos los argumentos de la dispersión normativa y de la superposición de funciones sobre las que hay que avanzar. Estamos de acuerdo en construir un estado eficiente e inteligente. Un Estado que haga las cosas bien. Pero este megaorganismo con amplias funciones y sin contralor claramente no es el camino (…) el nivel de poder del organismo genera riesgo de abuso o discrecionalidad excesiva y eso no es bueno ni para este gobierno, ni para el que venga”.

También indicó que en el proyecto “se menciona la promoción del desarrollo social, económico y ambiental, pero no hay indicaciones claras de cómo se asegurará que dichas acciones no afecten negativamente a comunidades vulnerables o el ambiente. No queda nada claro cómo se hará para garantizar que las decisiones inmobiliarias no afecten derechos fundamentales, especialmente áreas rurales o zonas protegidas. Se mencionan las fuentes de ingresos de la agencia, pero sería útil definir con mayor precisión cómo se controlarán los ingresos y su asignación”.

También explicó: “No se aborda cómo la AABIPER evitará la enajenación indiscriminada de bienes que forman parte del patrimonio histórico o cultural de la Provincia. Habíamos sugerido una cláusula que proteja este tipo de bienes y que restrinja la venta de inmuebles con valor patrimonial, pero no fue tomada en cuenta”.

Tras la intervención de legisladores oficialistas argumentando que las decisiones de la nueva agencia serán examinadas por los organismos de control del Estado provincial, el diputado Juan José Bahillo indicó: “No discutimos los organismos de control. Lo que decimos es que la Legislatura tiene una facultad en el proceso de enajenación o venta de inmuebles, que es la intervención previa de la Legislatura, y nos parece sano. Es una discusión política, no jurídica, sobre el rol que le corresponde a la Legislatura”, enfatizó.

Código Fiscal
El bloque justicialista tampoco acompañó la sanción de una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo modificando el Código Fiscal vigente en la provincia. El diputado Bahillo sostuvo que existió “imposibilidad material de estudiar” la propuesta debido a que el proyecto “ingresó el miércoles pasado y nos enteramos el viernes que iba a ser tratado en sesión especial, con algún nivel de imprecisión que se corrigió recién ayer. No podemos tratar un proyecto como éste en solo 24 horas”, explicó.

Dentro de algunos aspectos que consideró “contradictorios”, Bahillo señaló que la norma propuesta “faculta a hacer descuentos de hasta el 50% por pago anual en los impuestos Inmobiliario o Automotor, pero también faculta a hacer ajustes en esos impuestos durante en el segundo semestre del2025 (…) es decir que al entrerriano que paga en cuotas no solo no se le da el descuento, sino que se le aumenta el impuesto en el segundo semestre”, decisión que no respeta los principios de progresividad y de equidad que deben tener los impuestos.
Igualmente señaló que esa posibilidad de ajustar los impuestos en el segundo semestre, que está prevista para un escenario de inflación, resulta contradictoria con la determinación de algunos tributos que se hace sobre montos fijos, dejando de lado la metodología anterior que se basaba en el monto de facturación. “Por un lado se toman medidas propias de un contexto inflacionario y luego se toman otras medidas que corresponden a un escenario de estabilidad, sin inflación. Ahí hay una clara contradicción”, remarcó.

Finalmente se refirió al artículo 28° del proyecto que establece la prórroga para los períodos fiscales 2024 y 2025 los adicionales para los impuestos Inmobiliario y Automotor previstos en la Ley Nº 10.270 (sancionada para el período 2014 y luego prorrogada hasta 2023). “El gobierno se olvidó de prorrogar esta ley. Se trató de un error, pero siguió cobrando los adicionales. Fue un error y ahora pretenden salvarlo con otro error, que es convalidar lo hecho hacia atrás”, advirtió el legislador.

Luego indicó: “Este error se podía corregir de otra manera. Pudimos corregirlo rápidamente en su momento con un crédito fiscal y sancionando una modificación de la ley. No se hizo y es claro que fue un error, todos podemos equivocarnos; pero pretender corregir un error con otro se convierte en obstinación”, advirtió.

En el mismo sentido, Bahillo señaló que el justicialismo sostuvo ese adicional durante 11 años, a través de sucesivas prórrogas de la ley, y que lógicamente tiene voluntad de colaborar con una correcta solución del error cometido.