Reforma previsional ¿qué advirtieron magistrados y contadores?

La reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo provincial sumó este miércoles nuevas voces en el ámbito legislativo. En el marco del cronograma de análisis del proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas expusieron ante los senadores provinciales y formularon observaciones jurídicas, técnicas y financieras sobre distintos aspectos de la iniciativa.

La reunión se desarrolló desde las 9 en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, durante un encuentro conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por Juan Pablo Cosso.

La jornada contó con la participación de 14 legisladores y se enmarcó en la ronda de consultas impulsada por el Senado para escuchar a sectores involucrados en el funcionamiento del sistema previsional entrerriano antes de avanzar con el tratamiento del proyecto.

Magistrados cuestionaron la declaración de emergencia

Los primeros en exponer fueron el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y Gabriela López Arango, quienes manifestaron preocupación por diversos artículos del texto enviado por el Ejecutivo.

Cánepa solicitó expresamente la eliminación del artículo 8, que limita la posibilidad de avanzar judicialmente contra aspectos de la reforma. Según sostuvo, se trata de una disposición cuya “inconstitucionalidad es obvia”.

Al mismo tiempo, destacó la apertura del proceso de diálogo impulsado por el Senado y aclaró que la institución no se opone a discutir cambios en el sistema previsional.

“Hemos sido proactivos con la reforma”, afirmó. En ese sentido valoró que “el diálogo se haya abierto” porque, según señaló, “pretendemos que se sancione la mejor ley posible en beneficio de los entrerrianos”.

Críticas a la emergencia y a la delegación de facultades

Uno de los principales cuestionamientos estuvo centrado en el capítulo referido a la emergencia previsional. “El capítulo de la emergencia contamina la reforma previsional”, expresó Cánepa durante su exposición.

Para el representante de la Magistratura, la emergencia planteada en el proyecto resulta “parcial”, condición que a su entender la vuelve inconsistente desde el punto de vista constitucional y jurisprudencial. “La emergencia no tiene demasiado sustento”, sostuvo, al tiempo que recordó que la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre la imposibilidad de trasladar el peso de este tipo de medidas únicamente a un sector de la sociedad.

Además, manifestó preocupación por la incertidumbre que podrían generar algunas disposiciones relacionadas con la determinación de los haberes y cuestionó la delegación de atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo. “El sueldo no puede quedar sujeto al Poder Ejecutivo”, remarcó, al advertir que determinadas facultades que el proyecto otorga al Gobierno podrían derivar en conflictos futuros.

Movilidad, haber inicial y principio de no regresividad

Durante su análisis, Cánepa también se refirió al principio de no regresividad de los derechos sociales y previsionales. “Sin ser agorero, lo peor es hacer algo que no dure nada”, expresó al advertir sobre las consecuencias de reformas que posteriormente terminan siendo declaradas inconstitucionales.

Entre los puntos observados mencionó la fórmula propuesta para calcular el haber inicial utilizando un promedio de 20 años de aportes, los cambios previstos en los mecanismos de movilidad y la modificación de los plazos para trasladar los aumentos salariales a los jubilados.

Según explicó, la reducción de escalafones contemplada en la iniciativa podría afectar el sistema de proporcionalidad vigente y alterar la relación histórica entre salarios de activos y pasivos.

Asimismo, cuestionó que la actualización de los haberes deje de realizarse dentro de los 60 días corridos actuales y pase a depender del ingreso efectivo de fondos, con un plazo mínimo de 60 días hábiles.

Alternativas para evitar conflictos judiciales

Durante la ronda de preguntas, el senador Rafael Cavagna consultó sobre posibles alternativas para unificar los sistemas de movilidad. En respuesta, Cánepa consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería el mecanismo más sólido para evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad, aunque reconoció que la situación financiera de la Caja podría dificultar su implementación.

Como alternativa, propuso agrupar sectores con características similares para generar mecanismos de actualización diferenciados. “Podrías agrupar todos los municipios, con un mínimo y un máximo, y por otro lado agrupar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, explicó.

Más adelante, el senador Martín Oliva consultó acerca de las experiencias registradas en otras jurisdicciones. Allí, Cánepa citó los casos de Córdoba y Santa Fe para advertir sobre los costos derivados de reformas que terminan judicializadas. “Santa Fe está lleno de juicios; Córdoba igual. Las consecuencias o la forma de reparar políticamente ese desajuste fue muchísimo más caro”, señaló.

La mirada técnica de Ciencias Económicas

Posteriormente fue el turno de los representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos: Javier Núñez Souza, María Lorena Gerard y Lisandro Tomé. “Nuestro enfoque es técnico-objetivo y en pos de todos los entrerrianos”, afirmó Núñez Souza al comenzar la exposición.

El profesional reconoció la compleja situación financiera de la Caja de Jubilaciones provincial y sostuvo que la persistencia del déficit podría derivar en mayores cargas tributarias para distintos sectores de la economía. “Sabemos la magnitud del déficit de la Caja. De seguir en el tiempo implicaría mayor carga tributaria para muchos sectores”, advirtió.

Observaciones sobre la emergencia y el régimen docente

La contadora María Lorena Gerard realizó un análisis detallado de distintos artículos del proyecto. En primer término, cuestionó algunos aspectos vinculados a la declaración de emergencia y a la delegación de atribuciones al Poder Ejecutivo.

También propuso modificaciones en la redacción de diversos artículos para brindar mayor claridad jurídica y evitar dificultades interpretativas en la aplicación práctica de la ley.

Gerard hizo especial foco en el régimen docente y planteó la necesidad de introducir criterios de gradualidad en determinadas modificaciones.

“¿Estamos de acuerdo en la derogación? Pero no abrupta. Digamos que se busque la manera de que sea gradual, así como las edades jubilatorias también se incrementan”, expresó al referirse al beneficio conocido como “3×1”.

Asimismo, sugirió establecer parámetros más claros para el prorrateo de edad cuando los servicios frente a alumnos no sean exclusivamente docentes, proponiendo edades de referencia de 53 años para mujeres y 57 para hombres.

El déficit y la relación con Nación

Por su parte, Lisandro Tomé expuso una serie de estudios realizados por el Consejo Profesional, incluyendo comparaciones con las 13 cajas previsionales no transferidas del país.

El contador sostuvo que uno de los problemas estructurales del sistema provincial radica en la falta de compensación efectiva por parte de Nación respecto de los aportes reconocidos entre sistemas previsionales.

“Estamos cuatro a uno con Anses. Cada cuatro reconocimientos que vienen de la Nación para la Caja se va uno para otro sistema. No hay una transferencia efectiva de fondos en los últimos 10 años”, afirmó.

Tomé también propuso explorar mecanismos alternativos para fortalecer el financiamiento previsional. “Hay varias herramientas que darían un poco de oxígeno”, señaló al referirse a algunos instrumentos incorporados en el proyecto.

Riesgo de litigiosidad y propuestas alternativas

Uno de los puntos más relevantes de la exposición estuvo vinculado a la litigiosidad futura. “Hoy tenemos poca litigiosidad”, sostuvo Tomé, aunque inmediatamente advirtió que determinadas modificaciones podrían cambiar radicalmente ese escenario.

“Si no se mantiene el nivel de vida actual, es un jubilado un juicio; si no se respeta el cálculo del haber inicial y la movilidad”, alertó.

En ese marco, propuso reemplazar el promedio de 20 años por una fórmula basada en los 15 mejores años de aportes —180 meses—, siempre calculados con valores vigentes al momento del cese laboral.

“Si hacemos un cálculo inicial que no te mantiene las mismas condiciones de vida que venías como en actividad, cada jubilado equivale a un juicio”, enfatizó.

Finalmente, los representantes de ambas instituciones coincidieron en la necesidad de preservar la sustentabilidad financiera de la Caja sin afectar derechos adquiridos ni generar condiciones que deriven en una ola de demandas judiciales.

La semana próxima continuará la ronda de exposiciones ante las comisiones legislativas, con la participación de nuevos sectores vinculados al sistema previsional, mientras el Senado avanza en el análisis de una de las iniciativas más debatidas del año en Entre Ríos.