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ACUERDO FMI: cerrada la etapa técnica, el gobierno da paso al Congreso

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En las últimas horas el Ministerio de Economía concluyó con el trazo grueso del memorando de entendimiento. Incluirá metas fiscales, lineamientos de política económica, un calendario de desembolsos, un esquema nuevo de suba de tarifas y compromisos para los próximos meses.

El wording del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional era lo que separaba, en las últimas horas del martes feriado, al Gobierno nacional y el organismo de un memorando de entendimiento completo. No es una cuestión menor en un programa financiero del tamaño y relevancia como el que se negoció durante los últimos meses de qué manera está expresado el contenido del “contrato”, qué palabras se usan en detrimento de otras y la traducción inglés-español, que si no es puntilloso puede dejar espacio a ambigüedades. Fue un día de versiones e idas y vueltas.

Este martes durante la Asamblea Legislativa el presidente Alberto Fernández se refirió, por un lado, al primer entendimiento cerrado con el FMI el 28 de enero, que anticipó los lineamientos centrales de política económica que estarían incluidos en el Extended Fund Facility (EFF) que está a la firma. Por otro, reconoció que aún faltaban cuestiones de “formalización” del programa y dijo que esperaba concluirlos “a la brevedad”.

A pesar de que los trazos gruesos del programa ya habían sido acordados con un llamado de madrugada entre el ministro de Economía Martín Guzmán y la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental Julie Kozack, en el Poder Ejecutivo evitaban hablar de acuerdo cerrado por completo. “Solo vamos a considerarlo cerrado cuando sea enviado al Congreso”, mencionaron.

A pesar de que los trazos gruesos del programa ya habían sido acordados con un llamado de madrugada entre Guzmán y Kozack, en el Poder Ejecutivo evitaban hablar de acuerdo cerrado por completo
En algunos despachos oficiales sobrevuelan dos certezas: la primera es que el visto bueno del staff técnico del FMI implica, por lógica, un respaldo informal del directorio del organismo, que es el máximo órgano de decisión y que deberá discutirlo entre sus accionistas luego del paso por el Congreso argentino.

El margen ahora será menor: en 20 días vencen USD 2.809 millones con el organismo y el Gobierno no tiene los dólares para afrontarlo.

La última discusión del trazo grueso del programa nuevo con el FMI fueron las tarifas y los subsidios. Fue, además, la cuestión que trabó la posibilidad de firmar incluso antes el memorandum de entendimiento. El organismo presionó para que los servicios públicos aumenten más que el 20% que había anunciado en su momento el Gobierno.

Tras la negociación, de varios días, se habría llegado a un consenso por el cual el decil con ingresos más altos pagará de manera plena el valor de la tarifa, mientras que al resto de los usuarios -sin contar al sector de la población que tenga tarifa social- verá sus boletas aumentar en un ritmo levemente menor al del índice de salarios general de la economía, que incluye a empleados privados registrados, públicos y trabajadores informales.

Fuentes oficiales aseveraban que el resultado de la negociación sobre ese aspecto particular del programa con el Fondo, que fue el más árido de toda la discusión por la letra chica, termina así con una “victoria” del oficialismo. La lógica es que no se terminó por imponer la opción que sostenía el staff técnico, es decir, que las tarifas aumenten en un ritmo superior al de la inflación esperada.

El miércoles o jueves ya estaría en condiciones de ser enviado al Congreso para su debate. También habría, como sucede en este tipo de ocasiones, un comunicado del Fondo Monetario Internacional confirmando el acuerdo a nivel de staff.

El programa con el Fondo, además, incluirá otro tipo de compromisos por parte de la Casa Rosada, hacia adelante. En ese sentido, parte de la negociación entre los funcionarios del equipo económico y el staff incluyó distintas “evaluaciones” que deberá hacer el Ejecutivo en aspectos como la política previsional, la administración tributaria, gestión de la deuda pública, la implementación efectiva de la segmentación tarifaria, una mejora en los procesos de selección de proyectos de inversión pública, una “optimización” de la política monetaria a través una mejora en los instrumentos de esterilización y la política de encajes bancarios, entre otras cuestiones.

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