CONFLICTO UNIVERSITARIO: facultades tomadas en la capital provincial

La reacción, se da en el marco del conflicto universitario, tras la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso Nacional, ahora el movimiento estudiantil reclama que se amplíen las partidas previstas para las universidades en el Presupuesto 2025.

Facultad de Trabajo Social en la capital provincial

La acción durará hasta este jueves, cuando se lleve a cabo el segundo paro nacional del mes en las Universidades. Además se convocó a una nueva asamblea de interclaustros para el viernes a fin seguir coordinando acciones de lucha y organizar una tercera Marcha Universitaria programada para el 22 de octubre tras el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Luego de que Milei vetará la Ley de Financiamiento Universitario y no haya acuerdo en las paritarias, La Facultad de Trabajo Social de UNER fue tomada por docentes y estudiantes acompañado de clases públicas y actividades culturales hasta este jueves, cuando se concrete el segundo paro nacional universitario.

Este jueves habrá nuevo paro universitario

“Nos pronunciamos en defensa de la educación pública y contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvieron a través de un comunicado los interclaustros. A su vez, convocaron a una nueva asamblea para este viernes para seguir coordinando acciones de lucha y organizar la tercera Marcha Universitaria prevista para el 22 de octubre.

“Consideramos que el avasallamiento a la Universidad pública y el grado de postergaciones en materia de derechos que se vienen orquestando para nuestro pueblo no puede esperar más. El ajuste presupuestario, los salarios de los docentes y no docentes a la baja, el desfinanciamiento de las becas estudiantiles (como las Progresar), el encareicmiento de los alquileres, los tarifazos (como se viene dando sobre el boleto de transporte), entre otras medidas, nos arrastran a esta definición impostergada y necesaria”, expresaron.

Por otra parte, se convocó a sindicatos, organizaciones políticas y sociales y a la comunidad a sumarse a las acciones que se propongan desde la toma y a acercar donaciones para que podamos bancarla, ya sea desde alimentos, artículos de limpieza y/o aportes.

“Tal como lo están llevando adelante en otras facultades y universidades del país, retomando las banderas de 1918, 1969 y 2018, por amor y compromiso a nuestra universidad hacemos un llamado al pueblo trabajador para definir las medidas necesarias para profundizar la lucha: a la educación pública no se la toca”.

La respuesta del gobierno nacional al conflicto

Desde su sitio web, el gobierno nacional enumeró las acciones que viene llevando a cabo y su pertinente rechazo:

1. Rechazo al aumento ofrecido:
A pesar de que el financiamiento adicional fue otorgado, los gremios universitarios optaron por rechazar el incremento, lo que evidencia que este paro excede el ámbito salarial. No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios.

2. Administración ineficiente de los fondos:
Las universidades recibieron 192 mil millones de pesos para gastos de funcionamiento, con un aumento del 270%. Aun así, los fondos han sido desviados hacia gastos no prioritarios, en lugar de destinarse a la mejora de la calidad educativa. Además, se asignaron $49 mil millones adicionales a hospitales universitarios, de los cuales 94,8% fue solicitado por la UBA.

3. No se dejan auditar:
Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la UBA, no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos.
Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta. En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo uno está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros dos corresponden a periodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado.

4. Costo de estudiantes extranjeros:
El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público.

5. Irregularidades académicas:
Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica.

6. Equidad en el sistema educativo:
Las universidades públicas reflejan profundas disparidades sociales, ya que el 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, financiando así la educación de sectores privilegiados con recursos destinados a los más vulnerables.

7. Transferencias rápidas y eficaces:
Hoy, los fondos se transfieren a las universidades en un promedio de 4,6 días, contrastando con los 68,4 días que tomaban las transferencias en administraciones anteriores. Esto garantiza un funcionamiento fluido del sistema educativo.