El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Leonardo Portela, afirmó hoy que “a partir de la base de que 2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron, y en ocasiones, frenaron la ejecución de varios proyectos, esperamos que puedan concretarse este año”. En su discurso, al dejar inaugurado oficialmente la apertura del Año Judicial 2025, destacó que diariamente se trabaja para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y evitar que la frustración lleve a la barbarie de hacer justicia por mano propia. Asimismo dijo que “el Poder Judicial enfrenta hoy el desafío de asumir responsabilidades que exceden su función, en gran medida porque se desconoce su verdadero rol dentro del sistema de gobierno. Esta confusión genera una tendencia a judicializar problemas que deberían solucionarse en otros ámbitos institucionales”. Estuvo presente, el gobernador de la provincia Rogelio Frigerio.

El presidente del STJ estuvo acompañado por la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; el vocal Germán Carlomagno; las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Carlos Federico Tepsich. Además asistieron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García y el Defensor General, Maximiliano Benítez.
Al repasar lo hecho, Portela destacó la convocatoria para cubrir cargos ocupados de manera interina y la regularización de la planta de personal, al tiempo que valoró la renovación de la flota de vehículos del Poder Judicial, sin costo, a partir de la asignación como depositario de vehículos secuestrados a organizaciones delictivas. Además, resaltó la subasta de unidades en desuso o de reparación antieconómica, previéndose para este año el remate de otros siete vehículos.

Ponderó la incorporación del lenguaje claro en la redacción de actos administrativos y sentencias, al tiempo que recordó que durante 2024 se realizaron múltiples charlas, seminarios y capacitaciones para fortalecer esta práctica. “No se trata sólo de una obligación institucional, sino de un derecho ciudadano fundamental: el derecho a comprender las razones detrás de cada decisión judicial”, indicó el presidente del STJ

También aludió al diseño de políticas judiciales mediante la delegación de la administración reglada en profesionales avanzados, para lo que se visitó a los poderes judiciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con la atención puesta en la figura de administrador del Poder Judicial. “Si bien este proceso se inició localmente en 2014, durante la presidencia de la Dra. (Claudia) Mizawak, el estudio de la burocracia de los poderes judiciales mencionados permite observar que es posible avanzar más en este sentido”, precisó Portela.

Tras valorar la creación por parte de la Legislatura de 70 cargos en el Poder Judicial durante 2024, el presidente del STJ indicó que “se trata de un avance significativo, aunque es importante señalar que nuestro pedido inicial, basado en un estudio serio y responsable del 2023, contemplaba la necesidad de 152 cargos para garantizar un servicio de justicia acorde a las demandas actuales”.

En ese sentido, explicó que la mayoría de los nuevos puestos serán asignados a profesionales integrantes de equipos técnicos para cumplir con la normativa vigente, que exige un seguimiento especializado en casos de violencia, tanto de género como doméstica.

Además mencionó que el año pasado se realizó el concurso de ingreso más grande en la provincia, con 4.400 inscripciones y 1.488 personas evaluadas, que se incorporarán en la medida en que se generen vacantes. “Este proceso implicó un esfuerzo logístico y de gestión de recursos muy arduo, por lo que brindamos nuestro reconocimiento a quienes trabajaron en su organización”, añadió Portela.

Entre otras medidas, valoró la descentralización del personal de intendencia, incorporando agentes de mantenimiento y tareas generales en distintos puntos de la provincia, permitiendo que las tareas sean atendidas con mayor rapidez y reduciendo los costos de traslado.

Juicio por Jurados y su alto costo

El presidente del STJ informó que en 2024 pasado se efectuaron 34 juicios por jurados, superando la estimación realizada al sancionarse la ley que creó ese instituto, que proyectaba 14 debates por año.

“Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado que el costo promedio fue de 5,8 millones de pesos por juicio. Y para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9,4 millones de pesos. Como todos saben –continuó Portela- , en la Legislatura hay una propuesta de reforma de la ley que realizaron este Tribunal y los Ministerios Públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo”.

También destacó el diálogo interinstitucional “porque entendemos que el Estado es uno solo y es nuestra obligación buscar soluciones eficientes”. Por eso señaló que junto al Tribunal de Cuentas se trabajó en la optimización de procesos administrativos, lo que permitió un ahorro en licitaciones, mientras que con el Instituto del Seguro se logró disminuir significativos costos luego de analizar los servicios contratados.

Portela puso de manifiesto la labor de la Mesa interinstitucional, que reúne a diversos organismos públicos y que busca asistir eficazmente a personas vulnerables, como las víctimas de violencia, las infancias y los adultos mayores. “No quisimos incurrir en el error frecuente de plantear objetivos extremadamente ambiciosos porque sabemos que la imposibilidad de cumplimiento lleva a la frustración. Va nuestro reconocimiento a las distintas direcciones de la administración pública que se sumaron a la mesa”, agregó el presidente del STJ.

Más adelante señaló la adopción de un protocolo que abrevió los plazos en el fuero contencioso administrativo. Y puso como ejemplo lo que sucede ante los planteos por concursos convocados por el Consejo de la Magistratura: “Obtienen respuesta en 30 días, algo inédito en la dinámica de un tribunal superior de provincia en el país y más aún en un tribunal de nueve miembros”.

Propósitos y objetivos

Al momento de hablar sobre los desafíos y proyectos para este año, Portela hizo referencia a las restricciones presupuestarias que realizó el gobierno nacional y a las transferencias a las provincias, lo que provocó un impacto directo en la obra pública del ámbito judicial.

En ese sentido, dijo que el STJ resolvió suspender el inicio de obras hasta contar con un panorama más claro de la situación. “El tiempo ha demostrado que fue una decisión acertada por su prudencia, ya que evitó compromisos que habrían derivado en juicios por incumplimientos contractuales contra la provincia”, afirmó el presidente del STJ.

“Este tribunal ha debido agudizar el ingenio e impulsó distintas iniciativas para disminuir gastos y obtener recursos. Las últimas están pendientes de tratamiento en la Legislatura y, aunque algunas son originales y otras no tanto, todas son necesarias”, dijo.

Entre ellas mencionó:
-La presentación de un proyecto de ley ante la Legislatura denominado “de remanentes financieros”;
-La solicitud, a la Legislatura, de autorización para crear un fondo anticíclico, que permita destinar reservas en períodos de bonanza para ser utilizadas en tiempos de crisis;
-La propuesta, presentada ante la Legislatura, para implementar un canon al agente financiero por el empleo que hace de modo gratuito del dinero depositado en las cuentas judiciales que a la fecha supone una suma aproximada de 32.000 millones de pesos.

Respecto al financiamiento de los juicios por jurados, el tribunal ideó un mecanismo de recupero de su costo, a partir del trabajo junto a la Fiscalía de Estado; tratativas con la Embajada de China para obtener el financiamiento de un laboratorio de genética forense; y tratamiento pendiente en la Legislatura del proyecto de creación de Juzgados de Familia en las cuatro ciudades más grandes de la provincia.
Según Portela, “la necesidad de estos organismos es urgente, dada la creciente complejidad y el aumento exponencial de los conflictos familiares”, lo mismo que la creación de un Juzgado del Trabajo en Concordia y otro de Garantías en La Paz.

La imagen del Poder Judicial

Al recordar que en la apertura del Año Judicial 2024 mencionó la preocupante brecha entre las expectativas depositadas en el Poder Judicial y la posibilidad de solucionar los problemas que se le plantean, Portela señaló: “En lo personal, creo que esas expectativas incumplidas son el origen de la mala imagen que tenemos. Pero debo ser honesto y realista, y pedirles que también lo sean: es imposible que el Poder Judicial solucione todos los problemas que atraviesan a la sociedad. La impotencia que tenemos para abordar y solucionar todos los problemas radica, en mi opinión, en dos motivos principales. El primero es la insuficiencia de recursos asignados para cumplir con las demandas crecientes de la gestión judicial. Por ejemplo, todos hemos visto en la prensa las quejas de las víctimas de violencia debido a que sus problemas no se solucionan; pero en casos como éstos es claro que la solución no es, ni puede ser, solamente, la punición. Hay cuestiones subyacentes que no tienen abordaje y a esto se suman circunstancias puntuales, como que los integrantes de los equipos técnicos, que tienen que hacer seguimiento de estas situaciones, son requeridos de manera permanente por los fiscales en causas penales y no contamos con la cantidad suficiente de profesionales para responder. Esto se agrava aún más en algunas localidades, donde ni siquiera existen equipos técnicos y se resuelven situaciones de violencia”.

También habló sobre la función de los medios de prensa: “Hay un aspecto de la realidad que nos preocupa y quiero mencionarlo, asumiendo el riesgo de ser malinterpretado: hay algunos medios de comunicación, la minoría por suerte, y todos sabemos cuáles son, que brindan información de manera sesgada sobre el ámbito judicial, lo que genera confusión. En algunos casos se tergiversan los hechos, en otros se instalan sospechas infundadas y en otros se usan titulares sugestivos sin respaldo. En ocasiones, afortunadamente muy excepcionales, se inventa. Por ejemplo, recientemente un portal digital de noticias publicó que en la apertura del año legislativo yo estaba muy incómodo por las palabras del gobernador cuando ni siquiera estuve presente”.

Y añadió: “Tanto los medios como nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en cuanto a la calidad de la información que damos a la ciudadanía, y cuando se distorsiona el mensaje no sólo se afecta la percepción real sobre el trabajo judicial, sino que se genera un daño al sistema, porque se profundiza la desconfianza en las instituciones. No estoy proponiendo ocultar falencias, está claro que esto no debe hacerse. Pero si bien como funcionarios públicos tenemos la obligación de explicar nuestras decisiones, resulta agotador sumarle a esa tarea la necesidad constante de desmentir información inexacta, tergiversada o directamente falsa. Y es una tarea que necesariamente hay que llevar a cabo, ya que la circulación de información falsa o inexacta puede dar lugar a situaciones peligrosas”.

Asimismo, expresó su preocupación por la reiteración de denuncias contra jueces y juezas ante el Jurado de Enjuiciamiento y por juicio político cuando las decisiones no resultan del agrado del denunciante. “Es importante recordar que este mecanismo de control no está diseñado para revisar sentencias, sino que para ello existen las vías recursivas establecidas en la normativa vigente. El Jurado de Enjuiciamiento cumple un rol fundamental, pero no el de corregir fallos que se consideran erróneos. Su función es evaluar la idoneidad de los magistrados y magistradas cuando se plantea que, por razones concretas, han dejado de cumplir con los requisitos para ejercer el cargo”, explicó Portela.

Calidad institucional

“Lamentamos que desde la Presidencia de la Nación se haya decidido designar a hombres para cubrir vacantes en la Corte Suprema, cuando quienes conformaban el tribunal en ese momento eran en su totalidad varones. En pleno siglo XXI, es inadmisible que la equidad de género en los órganos de mayor jerarquía del país siga siendo una asignatura pendiente. No hay más excusas para evadir este tema”, advirtió el presidente del STJ.

“Del mismo modo, nos preocupa la forma en que estos dos magistrados fueron designados, ya que se ha eludido injustificadamente el procedimiento previsto en la Constitución. Como actores institucionales de una democracia republicana debemos alzar la voz ante situaciones como ésta, para que no pase inadvertida y señalándolo con firmeza para que se activen las alarmas. En nuestro diseño institucional, la responsabilidad de gobernar la República recae sobre los tres poderes del Estado. El poder soberano es uno solo, dividido en tres funciones, precisamente para evitar la concentración, que tiene un enorme potencial de daño”.

En otro orden, recordó que se trabaja en la implementación de un Código de Ética en el Poder Judicial. “Los profesionales que trabajaron en su elaboración realizaron una labor excepcional y actualmente el documento está siendo analizado por expertos de Naciones Unidas convocados a tal fin, dijo Portela. “La adopción de este Código está en línea con nuestro objetivo de reformular la relación con la comunidad”, aseguró.

Además el presidente del STJ destacó las gestiones del Poder Ejecutivo ante a la Nación por fondos que corresponden a la provincia, incluyendo los vinculados al costo de la energía, las regalías de Salto Grande y el sistema previsional.

Finalmente, agradeció a los demás integrantes del Alto Cuerpo, de la magistratura y de los Ministerios Públicos, a los agentes judiciales y a los abogados y abogadas por el compromiso y esfuerzo cotidiano “para que la Justicia entrerriana sea una de las mejores del país”.

Presencias en el salón

Como invitados también estuvieron presentes la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza; los ministros de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; el presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara;; el viceintendente de Paraná, David Cáceres; magistradas y magistrados provinciales y nacionales; autoridades provinciales y municipales; representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y de la Caja Forense; autoridades de fuerzas de seguridad; representantes de organizaciones intermedias; y trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de Entre Ríos.

El acto fue transmitido, en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJER. La transmisión contó la traducción a la Lengua de Señas Argentinas (LSA) realizada por el equipo del Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi).

Fuente: texto y video área prensa Superior Tribunal de Justicia

DISCURSO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 2025

Señor Gobernador, autoridades presentes, colegas, público en general, muy buenos días. Es un honor recibirlos en nuestra casa y compartir con ustedes la apertura del Año Judicial 2025.

Para no abusar de su tiempo decidí centrar este discurso solamente en lo más relevante acontecido en el 2024 y de lo que proyectamos con los colegas para el 2025. Cuando señale los desafíos que nos esperan, van a notar que, básicamente, y en mi opinión por supuesto, se pueden resumir en dos: la escasez de recursos, que nos impide afrontar reformas estructurales, y el desprestigio del poder judicial. Ambos se ven influidos, en mayor o menor medida, por un denominador común, la crisis económica y social que atraviesa el país.

Entre los principales logros del 2024 se destaca que:

• Se convocó a concursos para cubrir cargos que han estado ocupados de manera interina por largos períodos. De este modo se avanza en la regularización de la planta de personal y se brinda tranquilidad en cuanto a la estabilidad y previsibilidad en la carrera judicial.
• Se implementó un mecanismo para la renovación progresiva de la flota vehicular sin costo, aprovechando la normativa vigente, que permite al Ministerio de Gobierno asignarnos en calidad de depositarios vehículos que fueron secuestrados a organizaciones criminales. En paralelo, se llevaron a cabo las subastas de las unidades que se encontraban en desuso por ser antieconómica su reparación. Este año intentaremos realizar otra subasta, de 7 vehículos, para optimizar los recursos del Poder Judicial, ya que sobre estos bienes hay que pagar costos fijos. Agradecemos al señor ministro de gobierno su predisposición en este sentido.
• Avanzamos significativamente en la adopción del lenguaje claro para dar a conocer nuestras decisiones y para relacionarnos con la comunidad. Esta es una premisa esencial para la magistratura y las áreas técnicas del Poder Judicial. A lo largo del año impulsamos múltiples charlas, seminarios y capacitaciones para fortalecer esta práctica. No se trata sólo de una obligación institucional, sino de un derecho ciudadano fundamental: el derecho a comprender las razones detrás de cada decisión judicial. Este compromiso es parte fundamental de nuestra misión de acercar la Justicia a

la ciudadanía. Una Justicia que no se entiende es una Justicia que se aleja de la gente. La transparencia en el lenguaje es una herramienta clave para construir confianza y fortalecer el vínculo entre la sociedad y el Poder Judicial.

Existe, además, un problema que subyace a la cuestión y no podemos ignorar: la calidad educativa. Hay un mínimo de formación que debe tener la ciudadanía para comprender la realidad; esto y el lenguaje claro son condiciones imprescindibles para una Justicia accesible.

• En el marco de la modernización institucional, visitamos los poderes judiciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde observamos el impacto positivo de la figura de administrador del Poder Judicial. Esta figura permite que los tribunales superiores se concentren en el diseño de políticas judiciales mediante la delegación de la administración reglada en profesionales especializados. Si bien este proceso se inició localmente en 2014, durante la presidencia de la Dra. Mizawak, el estudio de la burocracia de los poderes judiciales mencionados permite observar que es posible avanzar más en este sentido.
• Destacamos y agradecemos a la Legislatura que a fines de 2024 aprobó la ley 11.185, por la cual se asignaron 70 nuevos cargos al Poder Judicial. Se trata de un avance significativo, aunque es importante señalar que nuestro pedido inicial, basado en un estudio serio y responsable del 2023, contemplaba la necesidad de 152 cargos para garantizar un servicio de justicia acorde a las demandas actuales. La mayoría de estos nuevos puestos serán asignados a profesionales integrantes de equipos técnicos para cumplir con la normativa vigente, que exige un seguimiento especializado en casos de violencia, tanto de género como doméstica. Si bien la cantidad de cargos aprobados no es la que se solicitó originalmente, entendemos que, en el actual contexto, representa un paso adelante. Tenemos la obligación de seguir insistiendo en la necesidad de completar el resto de los cargos, ya que la crisis social y económica que atraviesan la provincia y el país hace más urgente que nunca contar con una estructura judicial fuerte, capaz de brindar respuestas eficaces a la ciudadanía.
• Se realizó el concurso de ingreso al Poder Judicial. Ha sido el más grande que se llevó a cabo en la provincia, con 4.400 inscripciones y 1.488 personas evaluadas, que van incorporándose paulatinamente a medida que se generan vacantes. Este proceso implicó un esfuerzo logístico y de gestión de recursos muy arduo, por lo que brindamos nuestro reconocimiento a quienes trabajaron en su organización. Sirve recordar que este tipo de concursos se inició en el año 2019 con la idea de que el sistema sea íntegramente computarizado y transparente, para reemplazar a la antigua modalidad, que con el transcurso del tiempo quedó conformada por exigencias obsoletas, como la mecanografía. La metodología actual permite a los postulantes demostrar sus habilidades y conocimientos e incluye una plataforma previa de capacitación, para que quienes ingresen al poder judicial ya estén familiarizados con cuestiones básicas.
• Además, avanzamos en la descentralización del personal de intendencia, incorporando agentes de mantenimiento y tareas generales en otros puntos de la provincia, lo que permite que las tareas sean atendidas con mayor rapidez, se reduzcan los costos de traslado y se realicen los gastos en las jurisdicciones locales.
• En el ámbito de la justicia penal se realizaron 34 juicios por jurados, una cifra significativamente superior a la proyectada originalmente en la legislatura al momento de sancionarse la ley, que era de 14 juicios anuales. Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado el costo promedio, a 2024, fue de 5,8 millones de pesos por juicio. Para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9.4 millones de pesos. Como todos saben, en la legislatura hay pendiente de tratamiento una propuesta de reforma de la ley que realizaron este tribunal y los ministerios públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo.
• En nuestra búsqueda de mayor articulación con otras instituciones estatales, hemos establecido un canal de diálogo permanente con la administración pública en general, porque entendemos que el Estado es uno sólo y es nuestra obligación buscar soluciones eficientes. En ese sentido, por ejemplo, en diálogo con el Tribunal de Cuentas trabajamos en la optimización de procesos administrativos buscando reducir costos y en un caso logramos disminuir hasta 20 millones de pesos en el valor de una licitación gracias a la decisión de trabajar de manera conjunta con las autoridades del organismo. También logramos disminuir significativos costos en la relación con el Instituto del seguro luego de hacer un análisis pormenorizado de los servicios contratados.
• Se llevaron adelante numerosas reuniones de la mesa interinstitucional. Se trata de una iniciativa del tribunal que nuclea a diversos organismos dispersos de la administración pública y que tiene por objetivo coordinar los esfuerzos para lograr asistir eficazmente a personas vulnerables; esto es, víctimas de violencia, niñez, personas de edad avanzada, etc. Se generó una agenda común a todos los actores con una visión realista en cuanto a las posibilidades de ir solucionando problemas de manera paulatina. No quisimos incurrir en el error frecuente de plantear objetivos extremadamente ambiciosos porque sabemos que la imposibilidad de cumplimiento lleva a la frustración. Va nuestro reconocimiento a las distintas direcciones de la administración pública que se sumaron a la mesa.
• De las reuniones de la mesa interinstitucional surgió que había una laguna o descoordinación de las distintas áreas que abordan el tema de la violencia contra la mujer, ya sea doméstica o de género. Fue así que desde la secretaría 1 de superintendencia de este tribunal, se diseñó un software denominado SIAV, que se encuentra actualmente en etapa de prueba. Este sistema permitirá contar con una visión integral y en tiempo real de la situación de todas las víctimas y de los recursos disponibles en los distintos niveles del Estado. Una vez implementado, representará un enorme avance en beneficio de las víctimas y en el uso eficiente de los recursos de la administración pública.
• En el ámbito jurisdiccional, implementamos un protocolo que abrevió notoriamente los plazos en el fuero contencioso administrativo. Este protocolo también implica que los recursos directos que presentan quienes concursan en el consejo de la magistratura obtienen respuesta en 30 días, algo inédito en la dinámica de un tribunal superior de provincia en el país y más aún en un tribunal de 9 miembros.
• Finalmente, en vinculación con la Secretaría de Modernización Provincial estamos abordando la implementación de sistemas de gestión de expedientes administrativos que sean 100% en formato digital, aprovechando recursos ya disponibles en el Estado provincial para ahorrar costos y mejorar la eficiencia, uniformando los lenguajes informáticos de los tres poderes del Estado.

· Ahora, en cuanto al futuro, tenemos pendientes los siguientes desafíos y proyectos

Siempre con la aclaración de que me voy a detener en lo más importante, dentro de lo pendiente y lo proyectado, en primer lugar, debo hacer referencia obligadamente al presupuesto y más específicamente a lo que tiene que ver con obra. Es de conocimiento público que el gobierno nacional restringió de manera significativa las transferencias a las

provincias y esto tuvo un impacto directo en nuestra obra pública. Según lo informado por la cartera de hacienda del poder ejecutivo, los fondos recibidos se destinaron exclusivamente a cubrir necesidades urgentes.

En este contexto, cabe recordar que, a fines de 2023, frente a los anuncios que hacía la dirigencia política que asumía los destinos del país, este tribunal resolvió suspender el inicio de obras nuevas hasta contar con un panorama más claro de la situación. El tiempo ha demostrado que fue una decisión acertada por su prudencia, ya que evitó compromisos que habrían derivado en juicios por incumplimientos contractuales contra la provincia.

Actualmente sólo estamos pudiendo avanzar en la construcción de 4 juzgados de paz, otras obras menores y tareas de mantenimiento, mientras aguardamos la normalización de la situación, ya que el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de asignar fondos a mediados de este año para la continuidad de proyectos de mayor envergadura. La concreción de estos proyectos no sólo permitirá mejorar la infraestructura para brindar un mejor servicio, sino también generar un importante ahorro en costo de alquileres. Como ustedes pueden apreciar son obras muy menores y modestas en comparación con las que están llevando adelante los poderes judiciales de otras provincias. Sabemos que hay distritos con mayor capacidad económica y no pretendemos compararnos con ellos. Somos realistas y medimos nuestra realidad con provincias de similar tamaño y nivel de recursos, y en esa comparación la diferencia es evidente. Estamos muy por detrás en materia de infraestructura judicial, y este no es un problema reciente ni atribuible exclusivamente a la administración actual. Históricamente se nos ha relegado en el acceso a recursos para obtener instalaciones adecuadas que respondan a las exigencias de la población. Es un reclamo justo pero más que nada necesario, porque una justicia deteriorada no genera respeto en la ciudadanía ni motiva a los empleados, que ya de por sí cumplen una función desgastante.

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Con esta introducción intento poner en contexto y justificar el esfuerzo que se ha invertido en tareas ajenas a lo jurisdiccional. Este tribunal ha debido agudizar el ingenio e impulsó distintas iniciativas para disminuir gastos y obtener recursos. Las últimas están pendientes de tratamiento en la legislatura y, aunque algunas son originales y otras no tanto, todas son necesarias. Estas medidas incluyen:

La presentación de un proyecto de ley ante la legislatura denominado “de remanentes financieros”. Se trata de una herramienta que permite trasladar fondos no ejecutados de un ejercicio presupuestario al siguiente, evitando realizar gastos apresurados antes del cierre o incurrir en subejecución presupuestaria cuando hay necesidades en otras áreas.

• La solicitud, a la legislatura, de autorización para crear un fondo anticíclico, que permita destinar reservas en períodos de bonanza para ser utilizadas en tiempos de crisis. La corte suprema cuenta con esta posibilidad y ha demostrado ser de gran ayuda en momentos complicados. Como en cualquier economía doméstica, se intenta obtener un poco de previsibilidad para poder cumplir con obligaciones futuras y evitar eventuales reclamos judiciales a la provincia.
• La legislatura también tiene pendiente de tratamiento nuestra propuesta de implementar un canon al agente financiero por el empleo que hace de modo gratuito del dinero depositado en las cuentas judiciales. Se basa en la experiencia de otras jurisdicciones; se instrumenta por ley y se propone percibir del agente financiero un porcentaje de los montos depositados. Sólo para que se tenga una dimensión del asunto, basta mencionar que el poder judicial tiene depositados en el agente financiero la suma aproximada, a la fecha, de 32.000 millones de pesos. Esa cifra solamente tiene como demérito el encaje que determina el banco central.
• Se encuentra pendiente de tratamiento en la legislatura el proyecto remitido para incluir la oficina de gestión única en la ley orgánica. Esta oficina se puso en marcha por el tribunal haciendo uso de las facultades de organización que tiene del trabajo y ha demostrado ser de gran utilidad en el fuero de familia. Ahora se necesita la reforma de la ley para regularizar esa situación, que originalmente fue una prueba, pero ahora debe incorporarse a la norma.
• En relación al financiamiento de los juicios por jurados, el tribunal ideó un mecanismo de recupero de su costo que, esperamos, tenga resultados en un plazo relativamente corto. Este mecanismo es fruto del trabajo conjunto con la Fiscalía de Estado.
• Finalmente, en lo que tiene que ver con gestión de recursos, les cuento que estamos en tratativas con la embajada de China para obtener el financiamiento de un laboratorio de genética forense. La posibilidad surgió a partir de charlas mantenidas con el ministro de justicia, quien se ofreció a acompañarnos en el pedido. Se trata de algo embrionario pero con altas posibilidades de que se concrete, lo que permitirá aprovechar al máximo el trabajo actual y expandirnos a lo que todavía no se está haciendo. Nuestro agradecimiento al señor ministro.

En lo organizacional, como ya mencioné, estamos estudiando el rediseño de la estructura administrativa del Poder Judicial para otorgar mayor autonomía a las áreas técnicas en su especialidad y descomprimir al Superior Tribunal de tareas mecánicas. Esto permitirá agilizar la gestión en nuestro beneficio y en el de todos los que interactúan con el poder judicial, ya que en numerosas ocasiones la demora en tomar decisiones implica pérdida de oportunidades o encarecimiento de opciones disponibles. Para que se tenga una idea del volumen de trabajo que implica la administración del poder judicial, se puede mencionar que durante el 2024 el área de gestión humana generó más de 3300 movimientos de expedientes; la dirección de gestión administrativa alrededor de 1100 resoluciones; la oficina de compras cerca de 1000 resoluciones y los dictámenes de comisiones del STJ fueron alrededor de 1000.

Nuestra función esencial es garantizar el servicio jurisdiccional de manera eficiente y oportuna y en ese sentido menciono que durante 2024 se iniciaron 88.902 juicios y se dictaron 51.230 sentencias. Esto solamente puede llevarse a cabo si se cuenta con una base administrativa sólida y bien estructurada. Es por ello que estamos desarrollando un proyecto que parte del reconocimiento de la capacidad e idoneidad de nuestras áreas técnicas y les otorga mayor autonomía para la toma de decisiones en los aspectos reglados de la administración.

• Se encuentra en desarrollo la creación de una oficina de gestión estratégica, enfocada en el fortalecimiento y la modernización institucional. Implica involucrarnos en una evolución permanente de la administración de recursos humanos y materiales, para que la actividad acompañe las necesidades cada vez más exigentes de la comunidad. Buscamos un servicio de justicia más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía, capaz de adaptarse a los desafíos actuales y futuros.
• Por otro lado, hemos instruido al departamento de salud ocupacional para que se aboque al trabajo de hacer un análisis y diagnóstico sobre la salud mental de todos los empleados del poder judicial. Queremos tener un panorama acerca del tema, ya que la naturaleza propia de la tarea, sumada al contexto de crisis, ha provocado un crecimiento exponencial de problemas de este tipo. El fuero de familia es particularmente sensible: las decisiones que allí se toman y sus consecuencias, generan una fuerte carga interna. Lamentablemente, cada vez es más frecuente que los trabajadores y las trabajadoras del fuero sufran agotamiento crónico, e incluso trastornos de salud mental, debido al desgaste emocional que genera la imposibilidad de solucionar los problemas.

Hemos tomado también la decisión de relanzar la Región Centro de la Junta Federal de Cortes, para lo cual hemos convocado a los tribunales superiores de Santa Fe

(de donde tenemos una nutrida asistencia de ministros y ministras y a quienes agradecemos su presencia), Córdoba y Ciudad Autónoma. Entendemos que el federalismo no puede ser un concepto vacío, sino una realidad concreta y efectiva. Argentina es un país con profundas asimetrías regionales y una heterogeneidad social y política que no se refleja en la toma de decisiones de la dirigencia. Tampoco se refleja en la distribución del poder ni en la participación activa de todas las regiones en las decisiones que las afectan directamente. Por eso, articulando con las provincias de nuestra región, aspiramos a generar un polo con peso político específico, para que nuestros planteos no sólo sean escuchados, sino también considerados y atendidos. Queremos dejar de ser espectadores para convertirnos en protagonistas de nuestro futuro.

• No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que la legislatura aún tiene pendiente el tratamiento de la solicitud de creación de juzgados de familia en las cuatro ciudades más grandes de la provincia. La necesidad de estos organismos es urgente, dada la creciente complejidad y el aumento exponencial de los conflictos familiares. El Estado entrerriano mantiene una deuda con sus ciudadanos en esta materia, ya que los juzgados de familia actuales no cuentan con la capacidad suficiente para atender la demanda diaria. Además, es importante señalar —como ya lo expresé en reuniones con legisladores— que esta omisión podría derivar en casos de responsabilidad estatal, tanto a nivel nacional como internacional.
• De igual modo, también quiero recordar que se encuentra pendiente de tratamiento en la legislatura la creación del juzgado del trabajo solicitado para Concordia y del juzgado penal pedido para La Paz.

Hasta aquí lo formal; lo sucedido y lo que intentaremos que suceda.

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        ·     Ahora, mirando hacia el futuro,

Hay que partir de la base de que el 2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron y en ocasiones, frenaron, la ejecución de varios proyectos que esperamos puedan concretarse este año.

Es evidente que la crisis económica impactó e impacta en la gente, genera un clima de malestar generalizado y termina convirtiéndose en crisis social. Y si bien la solución es ajena al Poder Judicial, asumimos la porción de responsabilidad que nos cabe de aportar tranquilidad a la comunidad en tiempos turbulentos.

Con este compromiso trabajamos diariamente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y evitar que la frustración lleve a la barbarie de hacer justicia por mano propia.

En la apertura del año judicial 2024 mencioné la preocupante brecha entre las expectativas depositadas en el Poder Judicial y la posibilidad cierta de que éste pueda solucionar todos los problemas que se le plantean. En lo personal, creo que esas expectativas incumplidas son el origen de la mala imagen que tenemos. Pero debo ser honesto y realista, y pedirles que también lo sean: es imposible que el poder judicial solucione todos los problemas que atraviesan a la sociedad. La impotencia que tenemos para abordar y solucionar todos los problemas radica, en mi opinión, en dos motivos principales. El primero es la insuficiencia de recursos asignados para cumplir con las demandas crecientes de la gestión judicial. Por ejemplo, todos hemos visto en la prensa las quejas de las víctimas de violencia debido a que sus problemas no se solucionan; pero en casos como éstos es claro que la solución no es, ni puede ser, solamente, la punición. Hay cuestiones subyacentes que no tienen abordaje y a esto se suman circunstancias puntuales, como que los integrantes de los equipos técnicos, que tienen que hacer seguimiento de estas situaciones, son requeridos de manera permanente por los fiscales en causas penales y no contamos con la cantidad suficiente de profesionales para responder. Esto se agrava aún más en algunas localidades donde ni siquiera existen equipos técnicos y se resuelven situaciones de violencia.

El Poder Judicial enfrenta hoy el desafío de asumir responsabilidades que exceden su función, en gran medida porque se desconoce su verdadero rol dentro del sistema de gobierno. Esta confusión genera una tendencia a judicializar problemas que deberían solucionarse en otros ámbitos institucionales.

Tradicionalmente, los jueces y juezas tomaban decisiones retrospectivas, es decir, analizando situaciones pasadas. Sin embargo, la técnica legislativa actual les exige una mirada prospectiva, que implica elegir entre numerosas alternativas considerando los efectos futuros de sus decisiones, ya sea en aspectos económicos, ambientales, sociales o con factores complejos. Esto ha convertido a la magistratura en un actor cuasi legislativo, algo que corresponde a otro poder del Estado, y que queda en evidencia al mencionarles los numerosos proyectos remitidos por este tribunal al congreso provincial. Esta delegación de poder genera expectativas desmedidas e incluso reproches al Poder Judicial ante problemas estructurales, como por ejemplo la inseguridad, que no puede resolverse sin la ejecución de políticas públicas integrales y decisiones políticas coordinadas desde todos los sectores del gobierno.

La preocupación que nos genera ese desconocimiento fue tema del discurso del año pasado y solamente voy a agregar que en cumplimiento de la intención de colaborar con la formación de la juventud, la dirección de ceremonial y protocolo recibió la visita de 20 contingentes de estudiantes conformados por 434 alumnos. Fueron guiados por las instalaciones y se los instruyó acerca de las distintas funciones que lleva adelante cada área. Conocieron los salones de audiencias de todos los fueros, vieron de primera mano las múltiples incumbencias que tiene este poder del Estado y esperamos que hayan entendido la importancia que tiene en el entramado social.

Ahora bien, a todo ese contexto de crisis económica y social, se suma el desaliento que provoca observar las desigualdades injustas que persisten. Por ejemplo, el distrito más rico del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no asume el costo de su sistema judicial ni carcelario, que sigue siendo financiado por la Nación, es decir, por las provincias. Y vemos con desazón que no hay reclamos por esto. Éstas y otras desigualdades persisten, pese a la existencia de normas derivadas de la reforma constitucional de 1994 que las corrigen, pero que no se cumplen. Prueba de ello son los recientes fallos de la Corte Suprema, rechazados por los tribunales de la Capital Federal y la suspensión de la ley que creó el fuero del trabajo mediante el dictado de una medida cautelar. No desconozco que hay especulaciones políticas respecto a que estas iniciativas de transferir a la ciudad autónoma su sistema de justicia, implicaría una concesión a determinados sectores de poder, pero lo cierto es que, mientras tanto, la nación, es decir, nosotros, sostenemos su sistema judicial; que dicho sea de paso, resuelve los mismos problemas que los poderes judiciales provinciales.

Hay un aspecto de la realidad que nos preocupa y quiero mencionarlo asumiendo el riesgo de ser malinterpretado: Hay algunos medios de comunicación, la minoría por suerte y todos sabemos cuales son, que brindan información de manera sesgada sobre el ámbito judicial, lo que genera confusión. En algunos casos se tergiversan los hechos, en otros se instalan sospechas infundadas y en otros se usan titulares sugestivos sin respaldo. En ocasiones, afortunadamente muy excepcionales, se inventa. Por ejemplo, recientemente un portal digital de noticias publicó que en la apertura del año legislativo yo estaba muy incómodo por las palabras del gobernador cuando ni siquiera estaba presente.

A lo que voy es a que, tanto los medios de comunicación como nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en cuanto a la calidad de la información que damos a la ciudadanía, y cuando se distorsiona el mensaje no sólo se afecta la percepción real sobre el trabajo judicial, sino que se genera un daño al sistema, porque se profundiza la desconfianza en las instituciones. No estoy proponiendo ocultar falencias, está claro que esto no debe hacerse. Pero si bien como funcionarios públicos tenemos la obligación de explicar nuestras decisiones, resulta agotador sumarle a esa tarea la necesidad constante de desmentir información inexacta, tergiversada o directamente falsa. Y es una tarea que necesariamente hay que llevar a cabo, ya que la circulación de información falsa o inexacta puede dar lugar a situaciones peligrosas.

Entendemos perfectamente que la forma en que se comunican los hechos responde muchas veces a estrategias para captar audiencia. Pero hay que contribuir al debate con fundamentos, porque esto enriquece la vida democrática y ayuda a que la ciudadanía pueda hacer un análisis crítico de la realidad. Lo que no contribuye al diálogo pluralista es la descalificación sin sustento, el desprestigio como herramienta de silenciamiento o la manipulación de la información con el único propósito de polarizar y exacerbar los ánimos en una sociedad que, de por sí, ya se encuentra atravesando momentos de alta tensión.

Como actores de la sociedad civil tenemos el deber de contribuir a la paz social. Somos conscientes de esta obligación y, mal o bien, ponemos nuestro granito de arena en tal sentido. Lamentablemente, leyendo los medios de comunicación de alcance nacional podemos ver que no todos tenemos esa intención; hay una actitud deliberada de fomentar el conflicto de manera constante, saturando a la ciudadanía con temas que, aunque sensibles, resultan a menudo intrascendentes al contexto general. Esto genera una distorsión en la comprensión de los problemas de fondo, provoca confusión y una creciente irritabilidad social. No se trata de un fenómeno casual, sino de una planificación deliberada que impone una agenda orientada a desviar la atención de lo importante. Como autoridades, tenemos la obligación de contribuir a calmar los ánimos y promover un clima de reflexión y sensatez. No podemos perder de vista el enorme costo que tuvo recuperar la democracia en nuestro país. El economista y filósofo Daron Acemoglu, autor del libro “Porqué fracasan los países”, en una entrevista reciente, sostuvo que la democracia es la plataforma fundamental para el funcionamiento de otras instituciones esenciales, como los derechos civiles, la participación ciudadana y la libertad de expresión.

Por eso, no debemos equivocarnos: la prioridad es la democracia. No basta con votar cada cierto tiempo; nuestra responsabilidad como miembros del Poder Judicial es hacer que la democracia sea de calidad y que funcione correctamente, fortaleciendo sus pilares y garantizando su pleno desarrollo en cada una de nuestras decisiones.

Del mismo modo, nos preocupa la reiteración de denuncias contra jueces y juezas ante el jurado de enjuiciamiento y por juicio político cuando las decisiones no resultan del agrado del denunciante. Es importante recordar que este mecanismo de control no está diseñado para revisar sentencias, sino que para ello existen las vías recursivas establecidas en la normativa vigente. El jurado de enjuiciamiento cumple un rol fundamental, pero no el de corregir fallos que se consideran erróneos. Su función es evaluar la idoneidad de los magistrados y magistradas cuando se plantea que, por razones concretas, han dejado de cumplir con los requisitos para ejercer el cargo. Es por ello que una sentencia desfavorable para una de las partes no constituye, en sí misma, una causal de juicio político ni de jury. En cualquier litigio es natural que una de las partes quede disconforme con la resolución. Así funcionan las reglas del sistema republicano y del poder judicial a raíz de la división de poderes. Puede debatirse si este esquema es el más adecuado, pero, si se pretende modificarlo, el camino es el cambio de las normas, no la presión indebida sobre quienes las aplican.

En otro sentido, quiero advertir que nos alarma la vulneración de los derechos de las mujeres desde los niveles más altos de la dirigencia política. Lamentamos que desde la presidencia de la nación se haya decidido designar a hombres para cubrir vacantes en la Corte Suprema, cuando quienes conformaban el tribunal en ese momento eran en su totalidad varones. En pleno siglo XXI, es inadmisible que la equidad de género en los órganos de mayor jerarquía del país siga siendo una asignatura pendiente. No hay más excusas para evadir este tema.

Del mismo modo, nos preocupa la forma en que estos dos magistrados fueron designados, ya que se ha eludido injustificadamente el procedimiento previsto en la Constitución. Como actores institucionales de una democracia republicana, debemos alzar la voz ante situaciones como esta para que no pasen inadvertidas y señalarlas con firmeza para que se activen las alarmas. En nuestro diseño institucional, la responsabilidad de gobernar la República recae sobre los tres poderes del Estado. El poder soberano es uno solo, dividido en tres funciones, precisamente para evitar la concentración, que tiene un enorme potencial de daño.

Quiero dejar muy en claro nuestro compromiso de consolidar una relación seria y transparente con la ciudadanía, en la que las quejas y los reclamos sean recibidos y atendidos de manera efectiva. Nos duele el desprestigio que enfrenta la institución, a pesar del esfuerzo y el trabajo constante que se realiza. Sabemos que muchas críticas son infundadas o tendenciosas, pero reconocemos que muchas otras no lo son. Nos hacemos cargo de las que tienen fundamento y no dejaremos de intentar reformular nuestra comunicación con la sociedad, para que se comprenda mejor nuestra función y el rol del Poder Judicial dentro del Estado.

Como decía antes, a diferencia de los otros poderes, no tenemos facultades para tomar decisiones de carácter preventivo. Nuestra labor es intervenir luego de que surgen los conflictos, cuando se requiere que un juez o una jueza determine a quién le asiste la razón. Nuestra función desde el origen ha sido evitar la violencia como modo de resolver conflictos. Con el tiempo, esta tarea se ha refinado y ya no se refiere solamente a la violencia. Se han incorporado nuevos derechos que abarcan a diversos sectores de la sociedad, como comerciantes, propietarios, trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el principio esencial de adjudicar la razón en una disputa no ha cambiado.

Es fundamental aclarar esto para evitar expectativas erróneas. En el poder judicial no deberíamos legislar ni ejecutar leyes; nuestra función es la de adjudicar razones en pleitos, actuando con seriedad institucional para contribuir a la plenitud del sistema democrático y a la paz social. Insisto con esto, el sistema democrático en nuestro país es frágil y hasta ahora no se ha inventado uno mejor. Mientras no haya uno mejor debemos contribuir a su sostenimiento diariamente, bregar por la vigencia del estado de derecho y no callarnos; esta es una obligación de los tres poderes del Estado y requiere un esfuerzo permanente.

A fin de que la ciudadanía conozca cuáles son las pautas que rigen nuestra actuación además de las leyes, estamos en la etapa final del proyecto destinado a la implementación de un código de ética en el Poder Judicial entrerriano. Los profesionales que trabajaron en su elaboración realizaron una labor excepcional y actualmente el documento está siendo analizado por expertos de Naciones Unidas convocados a tal fin. La adopción de este código está en línea con nuestro objetivo de reformular la relación con la comunidad. Nuevamente, queremos que la ciudadanía conozca las normas que rigen nuestra conducta y comprenda mejor el funcionamiento del Poder Judicial, tanto en el ámbito provincial como en el federal. Sabemos que muchas decisiones tomadas en la jurisdicción federal se atribuyen indistintamente a «la justicia», lo que genera confusión y nos afecta directamente.

Por último, quiero destacar las gestiones del Poder Ejecutivo en sus reclamos a la Nación sobre fondos que corresponden a la provincia, incluyendo los vinculados a la energía, las regalías de Salto Grande y el sistema previsional. Como decíamos antes, el federalismo no debe ser una declamación vacía, sino una realidad efectiva que garantice equidad en la distribución de recursos, máxime cuando son reclamados por una jurisdicción que contribuye fuertemente a la riqueza del país.

Quiero dedicar un capítulo a los colegas del tribunal y agradecerles su aporte permanente en el gobierno del poder judicial. Somos humanos y tenemos nuestras lógicas diferencias, pero todas se superan cuando nos encolumnamos en el objetivo final, que es brindar el mejor servicio posible al ciudadano de la provincia. Un abrazo para ellos, todos los jueces y juezas, los empleados y empleadas y los miembros de los ministerios, a quienes agradezco profundamente el compromiso y el esfuerzo cotidiano, que permite que la Justicia entrerriana sea una de las mejores del país. Un abrazo también a los y las colegas de la profesión, a quienes nos une la pasión por esta disciplina y con quienes esperamos seguir trabajando armónicamente como hasta ahora.

Con este mensaje y agradeciendo profundamente su presencia dejo formalmente inaugurado el año judicial 2025.

Muchas gracias.