«No hace falta otra ley de política ambiental» entidades agrarias después de la reunión con diputados nacionales

En el marco de la discusión de una Ley de Consevación de Humedales, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Ricardo Buryaile (UCR), recibió a expertos en la materia, quienes dieron su opinión sobre la problemática de incendios, que afecta a los ecosistemas.

De aquella, además de los pertinentes legisladores y otros actores sociales, estuvieron presentes las entidades que conforman la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias; quienes finalizada la misma, emitieron un comunicado, donde expusieron su preocupación por el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales.

Sobre el comunicado

Así lo indican en la primera parte «queremos manifestar nuestra preocupación generalizada por el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales que no solo atenta contra nuestra actividad, sino también pone el riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país porque afectará no sólo al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía».

Haciendo hincapié a posteriori, no sólo en la significancia del trabajo de las generaciones que les anteceden; sino también en las adversas consecuencias, en las que aquello, puede derivar.

«Los productores agropecuarios defendemos los recursos naturales, los cuidamos porque
son la herencia de nuestras generaciones, somos los que garantizamos la salud del suelo
y del ambiente y conocemos las tecnologías para regenerar, remediar o enriquecer.
Atentar contra las producciones regionales, los cinturones verdes suburbanos, las
actividades que necesitan de la provisión de agua de riego sólo traerá a nuestro país un
aumento de la pobreza y la indigencia».

Haciendo finalmente, un llamamiento a la concientización del cumplimiento de las leyes vigentes, como modo de protección de los recursos.

«La ineficacia de las autoridades nacionales para poder aplicar las leyes vigentes en tareas
preventivas como incendios o inundaciones, no puede ser el único argumento que
motorice el tratamiento de esta iniciativa.
Necesitamos que se hagan cumplir las leyes que tenemos para proteger los recursos
naturales, la población rural y la producción. Que los recursos humanos y económicos
sean puestos en favor del ambiente. Que los funcionarios cumplan con su deber. La
inoperancia y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos dejan al
desnudo el fracaso de la política ambiental argentina y los tremendos problemas
derivados de las fallas de contralor de quienes ejercen funciones en el Estado».