Hilda Sosa WWW.ENTRERIOSNOTICIAS.AR

Lo que debía ser una jornada democrática habitual en la vida institucional del Círculo de Retirados de la Policía de Entre Ríos derivó en una severa crisis institucional. Las autoridades provinciales de la entidad resolvieron anular la mesa del departamento Victoria y convocar a una nueva votación tras detectarse gravísimas irregularidades en el material electoral enviado desde la ciudad de las siete colinas.

El escándalo estalló durante el escrutinio definitivo llevado a cabo en la capital provincial. Al abrir la urna proveniente de Victoria, la junta electoral constató que los sufragios guardados en su interior no coincidían —ni en cantidad de sobres ni en la inclinación de los resultados— con los datos debidamente rubricados por los fiscales que fiscalizaron el acto eleccionario local.

Ante la inconsistencia manifestada entre las actas y el contenido físico de la urna, se dispuso de inmediato la repetición del comicio para garantizar la legitimidad del voto de los asociados victorienses.

Coordenadas de la votación

Para asegurar la absoluta transparencia del proceso, el comicio será fiscalizado de manera directa por autoridades de mesa enviadas especialmente desde la ciudad de Paraná.

• Fecha: Miércoles 9 de septiembre.
• Horario: De 10:00 a 17:00.
• Lugar: Sede local del Círculo de Retirados (Bartoloni 681, Victoria).

Definición local y escenario provincial

Si bien el resultado de esta mesa no alterará el triunfo del oficialismo a nivel provincial —consolidado tras el amplio margen obtenido en el resto de los departamentos el pasado 26 de agosto—, la contienda en el orden local es decisiva. La conducción de la filial Victoria se disputará voto a voto entre dos reconocidos exintegrantes de la fuerza:

• Comisario Principal Edgardo Páez
• Suboficial Mayor Claudio Acosta

Investigación en curso y control de Personas Jurídicas

Más allá de la resolución electoral, el hecho no quedará impune. Los organismos de control interno de la institución policial abrieron una investigación para determinar la cadena de custodia de la urna y esclarecer de qué manera se produjo la alteración de su contenido.

Fuentes de la entidad remarcaron que no se descartan denuncias penales ni sanciones disciplinarias. Al tratarse de una asociación civil con personería jurídica, las autoridades tienen la obligación legal de dar cuentas ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y garantizar la máxima claridad institucional en resguardo de los derechos de sus afiliados.

«No es un reclamo porque sí, es una realidad palpable» (policías retirados de Victoria)