Situación del Salón Comunitario MEDALLA MILAGROSA
La semana anterior se supo que decreto mediante, el municipio intentó desalojar el Salón Comunitario “Medalla Milagrosa”, construido por donaciones de la Iglesia en un terreno municipal, y por las que intimó a su desalojo, acción ésta que fue rechazada por los vecinos del Barrio Abadía, quienes oportunamente presentaron una nota por Mesa de Entradas, ya que desde hace días han mantenido diferentes reuniones, rechazando la pretensión de la Municipalidad.
En la nota se indica que “los abajo firmantes, vecinos del Barrio Arenal (… solicitan …) aclarar y dejar sin efecto las consideraciones expresadas en los fundamentos de la norma (N. de R.: Decreto 732/26), en los cuales se califica o insinúa la existencia de una ocupación irregular o un acceso restringido al inmueble. Deseamos manifestar con firmeza que dichas aseveraciones no se corresponden con la realidad ni con la historia…”.
Mesa de diálogo
Tras la tensión generada por el Decreto 732/26 y el fuerte reclamo de los vecinos del barrio El Arenal, las autoridades eclesiásticas y la intendente Isa Castagnino abrieron una mesa de diálogo para regularizar la situación del inmueble y avanzar en un convenio de trabajo conjunto.
En un giro positivo tras jornadas de incertidumbre y malestar social, las partes involucradas en el conflicto por el Salón Comunitario “Medalla Milagrosa” alcanzaron un principio de acuerdo que deja sin efecto la medida dispuesta por el municipio. La resolución se dio en el marco de una reunión clave sostenida entre el párroco de Aránzazu y San Roque, padre Marcelo Carraza, integrantes de la comunidad benedictina y la intendente Isa Castagnino.
Del encuentro, en el que también intervinieron los abogados de la parroquia, se acordó iniciar formalmente un proceso de diálogo institucional. El objetivo central será definir pautas de trabajo compartidas que se plasmarán en un convenio marco, al tiempo que se encarará la regularización dominial de las instalaciones.
Conflicto, falta de respuestas y reacción vecinal
El conflicto había alcanzado un punto crítico luego de que se conociera la orden de desalojo dispuesta a través del Decreto 732/26, mediante la cual el Estado municipal pretendía asumir el control total del salón. Esta decisión provocó la inmediata reacción y movilización de los vecinos del barrio El Arenal, quienes salieron a defender la pertenencia comunitaria del predio.
Uno de los principales puntos de reclamo hacia la gestión municipal fue la falta de comunicación previa: en ningún momento se brindaron explicaciones —oficiales o extraoficiales— que justificaran la intención de desplazar a los vecinos de un espacio cuya construcción y sostenimiento no pertenecieron históricamente a las arcas municipales.
Con este entendimiento, se frena una medida que amenazaba con profundizar las divisiones y se abre una vía institucional para poner en orden la titularidad del salón, garantizando que continúe prestando servicio social a la comunidad.
