Oficializan un plan de RETIROS VOLUNTARIOS que alcanzará a 20 mil empleados estatales
Mediante el Decreto 1203/2026, el Poder Ejecutivo dispuso un esquema de gratificaciones que contempla compensaciones de hasta 25 salarios brutos. Las inscripciones abrirán en noviembre.
En el marco del programa de reforma y achicamiento de la estructura del Sector Público Nacional, el Gobierno nacional oficializó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 1203/2026, mediante el cual se pone en marcha un nuevo régimen de retiros voluntarios para el personal de la Administración Pública Nacional centralizada.
La medida, impulsada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apunta a reducir el gasto público y reestructurar la planta del Estado. Según proyecciones oficiales, la iniciativa podría alcanzar a unos 20.000 trabajadores.
Cada desvinculación aprobada significará:
1-fin del vínculo laboral
2-supresión definitiva del cargo en la estructura presupuestaria nacional.
¿Quiénes pueden acceder y quiénes quedan excluidos?
El régimen está dirigido a los empleados que integran la planta permanente (Ley 25.164) y a quienes cuentan con contratos por tiempo indeterminado (Ley 20.744) dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Abarca a dependencias de la administración centralizada como Presidencia, Jefatura de Gabinete, ministerios y secretarías.
Excepciones al régimen:
- Excluidos directos: Quedan fuera del beneficio los empleados temporarios y el personal de organismos descentralizados que cuentan con esquemas propios (como la ANSES). Tampoco podrán inscribirse los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, personal de inteligencia ni miembros del Servicio Exterior.
- Situaciones especiales: No podrán solicitar el retiro quienes afronten procesos penales por delitos contra la administración pública, sumarios administrativos graves o se encuentren en uso de licencias por afecciones de largo tratamiento.
- Litigios previos: Quienes mantengan demandas judiciales o reclamos administrativos vigentes contra el Estado deberán desistir formalmente de las acciones para acceder al programa (a excepción de las causas radicadas bajo la Ley de Riesgos del Trabajo).
Esquema de indemnizaciones: montos y cálculo
El cálculo de la gratificación económica dependerá de la edad, la antigüedad en el cargo y la situación previsional de cada agente, estructurándose en tres categorías principales:
- Trabajadores en edad activa (hasta 57 años en mujeres y 62 en hombres):Cobrarán un salario bruto por cada año de servicio (con un tope de 20 remuneraciones). A esto se le sumará un estímulo adicional: 4 salarios extra para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente, y 5 salarios extra si igualan o superan ese lapso, alcanzando el máximo de 25 sueldos.
- Personal cercano a la edad jubilatoria (sin aportes completos):Podrán optar por recibir una gratificación en pago único o percibir un haber mensual equivalente al 60% de su sueldo bruto durante un máximo de 36 meses.
- Empleados con 30 o más años de aportes:Percibirán hasta 18 sueldos en concepto de antigüedad, sumados a un adicional fijo de 5 remuneraciones.
Pagos en cuotas y restricción para volver al Estado
En cuanto al cobro de la compensación, las indemnizaciones que no superen los $20 millones se liquidarán en un solo pago. Para aquellas sumas que excedan ese valor, el saldo se abonará en cuotas mensuales de hasta $20 millones cada una, con un tope de hasta tres pagos consecutivos.
Por otra parte, la norma fija un estricto condicionamiento: quienes acepten el retiro voluntario quedarán inhabilitados para volver a trabajar en el Sector Público Nacional por el término de 8 años. La restricción alcanza a contrataciones directas, asesorías y cargos jerárquicos, exceptuando únicamente el ejercicio de la docencia en universidades nacionales.
Plazos clave de la convocatoria
- Inscripción: Estará abierta entre el 1° y el 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de extenderse por 30 días adicionales mediante una prórroga única.
- Evaluación y respuesta: La presentación de la solicitud no implica la aprobación automática. Las autoridades de cada área tendrán un plazo de 40 días corridos tras el cierre de la inscripción para evaluar si la salida del trabajador afecta el funcionamiento del servicio. Transcurrido ese lapso sin una resolución explícita, la solicitud se considerará denegada.
