INCENDIOS DELTA: el Fiscal Federal de Victoria, habló con medio capitalino

El Fiscal Federal de Victoria, Claudio Kishimoto, fue entrevistado por La Nación, sobre la quema en islas y las pertinentes hipótesis, que le interpelan.

“La reiteración de hechos del pasado y del presente en materia de incendios muestra que hay un factor recurrente, que es lo que estamos investigando. Es una trama compleja porque los hechos son multicausales, pero vamos a tener resultados concretos en relativamente poco tiempo”. El que habla es el fiscal federal de la ciudad de Victoria (Entre Ríos), Claudio Kishimoto, a cargo de una causa “madre” que reagrupa varias otras por quemas en las islas del Delta que se fueron apilando en el último tiempo, a la par del agravamiento de la crisis socioambiental que atraviesa el sur de Santa Fe como consecuencia de los incendios, que arrasaron con un millón de hectáreas desde principios de 2020 hasta ahora.

La investigación de Kishimoto, por ahora, tiene autor desconocido, a diferencia de otras cinco causas que lleva adelante el juzgado federal de esa localidad. “La causa nuestra tiene autor desconocido porque tiene otro alcance que los hechos puntuales, estamos tratando de investigar las maniobras en el origen de los focos y los motivos por los cuales se ocasionaron generando un efecto de toxicidad en Rosario. Es una investigación con otro bagaje”, explica el funcionario. Y agrega que el trabajo se hace de forma conjunta con el Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, la parte jurídica de la intendencia de Rosario y el Ministerio de Ambiente provincial.

Líneas investigativas
Kishimoto no abandonó la prudencia y prefirió no adelantar información concreta sobre los presuntos autores de las quemas porque consideró que, si lo hacía, iba a “mostrar de alguna manera medidas próximas que van a pedir”. Aún así, explicó que básicamente están descubriendo que, ante la reiteración de hechos del pasado y el presente en materia de incendios, “hay un factor recurrente, un patrón”. “Puede haber distintos móviles que no puedo señalar, porque sería mostrar mis armas públicamente y necesito hacer mi imputación antes que sea pública la información”, dijo.

El fiscal agregó que han encontrado un patrón de recurrencia en las quemas, que en su mayoría ocurren en el mismo lugar y en la misma época del año, lo que les permite avanzar para saber “cuál es el interés y cuál es el objetivo de quemar”. “Hay mucho que va en función de ese sentido de uso del suelo, pero no es el único motivo” subrayó. Y agregó que se trata de una investigación muy compleja “al no haber una única causa”, así como por lo extenso y poco accesible del territorio, factores que “conspiran contra la determinación de hallar a los autores concretos”.

Las personas que fueron detenidas –y ya liberadas– hasta ahora fueron tres apicultores de la zona de Villa Constitución “que tenían un interés comercial productivo en las islas del Delta”. “En este caso hubo una motivación concreta, puntual y recurrente por un uso cultural del fuego que se utiliza para lograr despejar el terreno y que este tenga una mayor productividad”.

También señalo que existe otro “punto significativo que aún debe ser investigado” ya que “ante determinados acontecimientos políticos se multiplican los incendios o hay focos novedosos”. “Si aparece algún gobernador, si hay un acto público o en determinados días, aparecen focos que antes no estaban. Vamos a investigar eso”, dijo.

Críticas
El poder judicial federal de Entre Ríos aparece de forma muy frecuente señalado por el gobierno nacional como uno de los grandes responsables de la crisis de los incendios en el Delta. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, dijo la semana pasada –tras sobrevolar la zona– que “hasta que no vaya algún dueño de un campo en cana, esto no va a parar”.

Para Kishimoto, “antes de achacar culpas para afuera, habría que ver qué hace cada uno en el área que le corresponde”. En lo administrativo provincial, explicó que existe en Entre Ríos una normativa que prohíbe prender fuego “que no se está cumpliendo y cuyo control depende de la policía local”. “Hay una actividad prevencional que debería cumplirse y no se hace, por el tipo de incendios que se producen el primer responsable es el poder local, porque la obligación de apagarlos y controlarlos parte de cada provincia”, detalló.

El fiscal agregó que desde la Justicia trabajan “con el hecho consumado” y “van tras el delito”. “Antes de nosotros hay un incumplimiento administrativo por la inacción de la policía, por eso también los focos se multiplican, cada uno tiene su rol y hay que cumplirlo”.

Responsabilidades y tiempos
A la hora de asignar responsabilidades, el funcionario señaló que esa es la función de la Justicia: “Sería muy sencillo que el responsable fuera el dueño del lugar, ese es un planteo fácil porque a veces no es así, hay usurpadores, hay autores materiales y autores ideológicos en esto, buscar al verdadero responsable es más complejo que detenerse en el dueño como responsable único”, argumentó. En esa línea, dijo que su función es “ver la intencionalidad y buscar al responsable ideológico y material”.

En relación a los tiempos para llegar a resultados concretos, Kishimoto adelantó que tiene “una batería de medidas” ya que al haber podido cruzar datos la investigación mostrará resultados concretos “dentro de relativamente poco tiempo”. También ponderó la ayuda del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe ya que “gracias a ese apoyo se ha avanzado rápidamente en varios temas, desde lo toxicológico hasta la georreferenciación de los focos de incendios”.

Para el fiscal, el humo emanado por las quemas ocasiona un daño con un efecto concreto sobre la salud de la población expuesta a esa contaminación. El problema es que, según explicó, los delitos ambientales atmosféricos “son de muy difícil comprobación”. “No existe contramuestra en el delito ambiental atmosférico, si tengo un río contaminado puedo sacar una muestra y tener una contramuestra, pero eso no se puede hacer con la toma de aire. La prueba es difícil, costosa y hay que comprobar un daño toxicológico”.

Fuente La Nación