Legisladores justicialistas piden a Frigerio reclame a nación fondos de obras paralizadas

El bloque de diputados y diputadas justicialistas insistió en la sesión de este jueves en la necesidad imperiosa de que el gobernador Rogelio Frigerio le reclame al gobierno nacional la restitución de los fondos para obras públicas, cuyo corte decidido por el Presidente Javier Milei es la causa principal de su paralización.

En la sesión especial se aprobó la ley de emergencia para la obra pública que envió a la Legislatura el Poder Ejecutivo Provincial, que lo habilita para a disponer unilateralmente la revisión, rescisión o renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.

El justicialismo acompañó su sanción, pese a considerar que esa ley no resulta necesaria, para que el gobernador cuente con la herramienta solicitada. El diputado Juan José Bahillo explicó que las 167 obras públicas afectadas corresponden a 37 empresas, de las cuales 24 ya resolvieron el problema firmando convenios con la Provincia para el financiamiento de las mismas. De las otras 13 empresas, 6 ya acudieron a la vía del reclamo judicial, antes de la sanción de la ley; y en cuanto a las 7 restantes, existe aún la posibilidad de que firmen convenios con la Provincia. Por lo tanto, la ley sería a lo sumo para 7 empresas.

También destacó Bahillo que según la información que brindaron funcionarios del gabinete provincial, al 10 de diciembre, la deuda con empresas en Tesorería era de 5.000 millones de pesos, un monto menor si se considera que el presupuesto anual para tal rubro era de 150.000 millones de pesos. “No se puede afirmar que la situación heredada sea la causa del problema”, explicó Bahillo.

Y profundizó que el monto de la deuda acumulado hasta hoy, del orden de los 20.000 millones de pesos, tampoco justifica tal declaración: “No amerita declarar una emergencia por un monto que equivale al 0,86% del presupuesto de 2023”, explicó.

Bahillo se refirió a una publicación en redes sociales del Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, donde sostiene que el gobierno de Frigerio ya ordenó la obra pública, afirmando: “La gran mayoría de los contratistas aceptaron nuestro plan de pagos y de a poco estamos reactivando la actividad”. Ante esta afirmación de Colello, Bahillo preguntó si realmente en el gobierno creen que es necesaria la emergencia o ya está casi todo resuelto, como sostiene este importante funcionario del Ejecutivo provincial.

A su turno la diputada Lorena Arrozogaray también remarcó que el gobierno provincial debe demandar a la Nación los fondos comprometidos, ya que dos tercios de las obras se paralizaron por el recorte del Presidente Milei.

En tanto la jefa del bloque, Laura Stratta, citó en el cierre del debate un párrafo del mensaje de Frigerio que acompaña el proyecto de emergencia, donde reconoce que el contexto de crisis “se manifiesta de manera más grave y elocuente en lo atinente a la obra pública adjudicada por el Estado Provincial, ya que una parte importante de la misma tenía comprometido su financiamiento por parte del Estado Nacional, el cual, como es sabido, ha sido suspendido”.

Stratta también citó datos que los funcionarios de Frigerio brindaron en la reunión de comisiones que mantuvieron con varios diputados y diputadas, donde indicaron como principal motivo de la crisis el recorte de fondos nacionales y también la devaluación del 118% decidida por Milei a pocas horas de haber asumido. “Remarco esto porque son palabras del gobernador y de sus funcionarios, ya que mientras tanto aparece algún discurso ‘hacia afuera’ que busca relativizar este escenario y responsabilizar al gobierno provincial anterior de esta emergencia”, precisó Stratta.
Igualmente la presidenta del bloque recordó que en reuniones que mantuvo el gobierno con la Cámara de la Construcción, el 21 de diciembre y el 7 de febrero, se anunció que ‘El Gobierno propuso un plan de pagos para comenzar a saldar los certificados vencidos’ y también que desde el Ministerio de Planeamiento se trabajará con las Empresas para arribar a la firma de convenios específicos´. Tres meses después estamos debatiendo esta ley”, apuntó la legisladora.

En otro momento de su intervención, Stratta valoró los cambios que se le hicieron al proyecto original en el Senado entrerriano, antes de darle media sanción; pero advirtió que la decisión de mantener la unilateralidad para rescindir o renegociar contratos podría demandar más tiempo y más costos que afrontar, especialmente por los intereses generados, si la cuestión se judicializa.

Igualmente señaló que en la redacción sancionada en la Cámara alta se mantuvo la disposición del Ejecutivo de indemnizar solo el daño emergente a las empresas por las obras paralizadas, siendo una decisión que podría implicar un monto mayor a lo previsto en la ley de Obras Publicas vigente.

La legisladora explicó el apoyo del justicialismo a la ley en la decisión del bloque de permitir al Poder Ejecutivo, dentro de su esquema de prioridades, atender la situación planteada con la obra pública. Se refirió a la preocupación que genera no solo la parálisis de esa actividad sino también la situación de la fuente de empleo de miles de personas.

Finalmente definió: “…esperamos que el gobierno provincial atienda al origen de este problema y reclame al gobierno nacional los fondos que le corresponden a la Provincia, que le corresponden no a una administración sino a todos los entrerrianos y entrerrianas”.