“No es una cuestión política, sino de ciertos políticos…a quien le quepa el sayo que se lo ponga” Daniel Sobrero, ex legislador provincial

Hilda Sosa WWW.ENTRERIOSNOTICIAS.AR

(Video entrevista al pie del texto)

El pasado 19 de septiembre a través de sus redes sociales, el ex Senador provincial por la UCR mandato cumplido Dr. Daniel Sobrero, hizo un reclamo, exponiendo una determinada situación atravesada por los contratos y subsidios otorgados desde el poder político, lo cual fue reflejado en un medio provincial, al cual nuestro entrevistado contestó, posteo mediante.

¿Cuál es el escenario que impulsó el posteo y quienes sus actores?

El escenario es la legislatura provincial y su planta de personal y los actores, las dos cámaras y la ONG Entre Ríos sin Corrupción, la cual bien vale destacar para entender su accionar, en su página de presentación en su sitio web,  indica “Somos una organización ciudadana apartidaria y sin fines de lucro que surge como respuesta a la preocupante situación de corrupción en la provincia de Entre Ríos”. 

¿Cuál es la situación que les hace encontrarse en un punto común?

El inicio de aquella, se centra en un pedido de informes a la legislatura, por parte de la mencionada ONG, solicitando a través del mismo, la nómina del personal de planta, contratados y subsidios en el período que comprende el año 2022 hasta mayo 2024.

Prima facie las cámaras no accedieron a brindar la información solicitada, por lo que decidieron presentar un amparo que decantó en un fallo del Superior Tribunal de Justicia, dictaminando que se debía brindar la información, en el marco del Programa Entre Ríos Transparencia, creado éste con el objetivo de transparentar la información referida a la función pública y de promover la apertura progresiva de los datos del Estado. Vale destacar que este programa promueve un protagonismo activo de rendición de cuentas y participación ciudadana.

Por su parte, también oportunamente la Asociación de Personal Legislativo expresó su desacuerdo.

Una sesión bisagra

Según publicación de medios provinciales, en la sesión del día miércoles 18 de septiembre en la Cámara de Senadores de la provincia, se aprobó el proyecto de Resolución 30.182, según el número que se le asignó en mesa de entradas; cuyo objetivo es detener la aplicación de la resolución unánime del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que la Legislatura dé a conocer la integración de las plantas permanentes, todos los contratados y los subsidios otorgados.

Fue así, que conocido aquello, el letrado referente del centenario partido a nivel local, Daniel Sobrero, tituló un escrito “A quien le quepa el sayo, que se lo ponga”.

En el mismo, prima facie destaca el sentimiento de repudio que le embarga, “En primer lugar estimo pertinente pedir disculpas al lector por los errores de redacción que haya cometido al confeccionar esta nota pero es tal la indignación que la noticia me produjo, que amerita sacrificar la forma para acentuar su contenido. A tenor de lo informado y comentado, por “Análisis Digital” en su edición de ayer, el Senado Provincial aprobó sorpresivamente, sin debate y por unanimidad, una resolución que “impide que el pueblo conozca quienes son sus asesores contratados y el destino de los subsidios que otorgan”

Para luego sí dar rienda suelta a su mensaje manifiesto, “se pretende de esta manera, legalizar con resultado incierto, una situación ya condenada por la opinión pública y en vísperas (es de desear) de que la Justicia se pronuncie definitivamente sobre un caso similar, sospechosamente demorado y sumamente gravoso para las arcas del Estado”.

“Esto así, digamos inicialmente que el ocultamiento del destino dado al dinero proveniente de los impuestos pagados por el pueblo es manifiestamente antirrepublicano ya que sus gobernantes son simples agentes del pueblo, elegidos por el pueblo de tiempo en tiempo y responsables ante el pueblo de su administración, según la clásica definición de Aristóbulo Del Valle”, destacó trayendo la historia constitucional al presente.

“La clandestinidad que los senadores pretenden imponer como característica de las designaciones y subsidios que otorgan genera merecidas sospechas sobre el destino dado y, como lógica consecuencia, aleja de la política a las mujeres y hombres mejor dotados moral y técnicamente”.

“Es indudable entonces que el desprecio que un sector, mayor o menor, despierta en parte de la población ciertos políticos, encuentra en situaciones como las que hoy comento, amplia justificación. Nutrir graciosamente a las instituciones de la República, de parientes y afines, de algún candidato frustrado, en lista de espera o próximo a jubilarse, perjudica la gestión, pavimenta el camino a la corrupción y merece el repudio popular”.

Recordó además en el mismo, que cuando en el año 1986, el entonces gobernador entrerriano Jorge Busti vetó el Estatuto del Empleado Legislativo sancionado por la Legislatura anterior a su mandato y de la que él fuera parte, “con las debidas actualizaciones constituiría una barrera para los excesos que ocurrirían más tarde”.

“En una república los funcionarios tienen obligación de rendir cuenta de sus actos”

En diálogo con ENTRERIOSNOTICIAS.AR sobre su escrito, ratificó, “primero y principal ésto no puede ser oculto, vivimos en una república y en una república los funcionarios tienen obligación de rendir cuenta de sus actos” enfatizó, aclarando a posteriori que lo tratado en senadores, concierne a las contrataciones efectuadas entre 2022 y 2024. 

“En realidad la información inicial nos hizo creer que ésto era lo afectado era un pedido de informe hecho por una ONG; si bien es cierto que el orígen de todo es un pedido de informe, no fue contestado; entonces la ONG acudió a la justicia, ganó en primera instancia, entonces ¿qué ocurre? que no era un pedido de informe, sino un fallo de primera instancia primero que condena lo resuelto por el Senado y obliga a que pasen los nombres. Paso siguiente tanto los senadores como los diputados apelan y lo que en realidad se trató  en esa resolución es el acceso al fallo del Superior Tribunal de Justicia que también ordena que dentro de los 15 días se den a conocer los datos requeridos, desde el año 2022 hasta la actualidad” sentenció.

“Sí digo enfáticamente que no se pueden ocultar en una república no hay nada oculto, lo que pasa es que se oculta lo que está mal, no lo que está bien…indignación me causó”. 

El estatuto que no fue

En su alocución, Sobrero se retrotajo en el tiempo y fue a los albores de la democracia, cuando siendo parte él del senado provincial, elaboraron y confeccionaron el Estatuto del Empleado Legislativo, trabajo éste que si no hubiese corrido la suerte que le tocó, no se estaría viviendo esta situación, según sus propias palabras.

“Se formó una comisión integrada por los dos partidos que había, yo era entonces presidente de bloque, ambos presentamos aclarando que no éramos autores, porque fue fruto de una comisión” relató, comentando luego que lamentablemente no llegó a ser ley, porque el entonces gobernador Jorge Pedro Busti la vetó.

Al finalizar, el Dr. Sobrero dijo enfático, “no es una pretensión personal, es una forma de hablar por los que no pueden hablar, por desconocimiento, porque no saben, yo me hago eco de eso porque es un acto que me hiere profundamente en lo más íntimo, de la política a la que amo realmente, porque ésto no es cuestión de la política, sino de ciertos políticos que utilizan los cargos públicos para este tipo de actividades, que la población desecha totalmente, por razones principalmente de carácter ético”. (VIDEO)