Sin acuerdo en el corto plazo, Martín Guzmán cerró su gira por Italia con una reunión con los técnicos del FMI

Tras completar su agenda del G20, el ministro de Economía mantuvo encuentros de carácter técnico con funcionarios del organismo para ajustar detalles sobre el nuevo programa financiero. El Gobierno espera los USD 4.300 millones que el enviará el FMI en las próximas semanas

Martín Guzmán cerró este lunes su gira de cinco días por Venecia con una última ronda larga de negociaciones técnicas con el Fondo Monetario Internacional. Aún sin un acuerdo a la vista en el corto plazo, el ministro de Economía completó así un nuevo capítulo en los contactos con los funcionarios del organismo para ajustar lineamientos técnicos de un programa financiero que reemplace al firmado en 2018. En paralelo, el Gobierno espera para las próximas semanas el desembolso de USD 4.300 millones que hará el FMI entre sus países miembro.

Terminada la agenda de la cumbre de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, el jefe del Palacio de Hacienda prolongó un día más su estancia en la ciudad de los canales. Según explicaron a Infobae fuentes oficiales y del organismo financiero, la hoja de ruta de los últimos contactos con el Fondo estuvo organizada en distintas mesas “temáticas”, siempre de carácter técnico.

“Se sigue trabajando sobre el nuevo programa, pero son reuniones técnicas, no buscamos tener un programa cerrado hoy. Lo que se hizo permanentemente de forma virtual, ahora se está haciendo de manera presencial”, aseguraron fuentes oficiales. Los encuentros comenzaron desde la mañana temprano y se extendieron hasta entrada la noche del verano veneciano.

El Gobierno espera para las próximas semanas el desembolso de USD 4.300 millones que hará el FMI entre sus países miembro.
De un lado de la mesa estuvieron el ministro Martín Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, junto con los funcionarios que viajaron como parte de la comitiva, entre ellos el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, y la titular de la Unidad de Asuntos Internacionales, Maia Colondenco. Del otro, Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental y Luis Cubeddu, jefe de la misión argentina.

El espíritu de este tipo de reuniones es la de ajustar la partitura del acuerdo financiero y el diseño del programa económico de los próximos años, que incluye detalles técnicos por fuera de los grandes lineamientos, como el sendero de reducción del déficit fiscal, la inflación o la meta de acumulación de reservas. Una pista la puede dar la presencia de Tosi, uno de los funcionarios con contacto en el mercado de capitales doméstico y acostumbrado al ida y vuelta con los jugadores de la city.

Una de las cuestiones que se discutió en el último cara a cara que habían tenido Guzmán y sus funcionarios con el staff del Fondo Monetario fue la necesidad de desarrollar el mercado financiero local para que el Tesoro tenga un financiamiento más profuso por parte de los inversores locales. Parte de ese plan está en implementación: la Secretaría de Finanzas aún conversa en una mesa con fondos de inversión la puesta en marcha de un programa de creadores de mercado que ensanche en unos 6 billones de pesos el fondeo al Estado nacional, provincias y empresas.

Para eso se necesita la generación de una serie de instrumentos financieros que, por el reducido tamaño del mercado de capitales local -y episodios como el reperfilamiento de la deuda en pesos en 2019- es difícil de llevar a cabo. La cuestión del horizonte de financiamiento formó parte de los cuatro ejes de negociación que trazaron el Gobierno y el FMI a fines de marzo.

“Las autoridades argentinas y equipo del Fondo también coincidieron en que el desarrollo continuo del mercado de capitales nacional sería fundamental para que Argentina financie de manera sostenible las inversiones necesarias y fortalezca su resiliencia macroeconómica”, fue la declaración en ese entonces.

Una de las cuestiones que se discutió en el último cara a cara que habían tenido Guzmán y sus funcionarios con el staff del Fondo Monetario fue la necesidad de desarrollar el mercado financiero local para que el Tesoro tenga un financiamiento más profuso por parte de los inversores locales.

Los otros puntos fueron: garantizar la sostenibilidad macroeconómica y “salvaguardar la recuperación post-COVID en curso”; que la inflación es un fenómeno multicausal y que “reducirla requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación” y la necesidad de impulsar las exportaciones para reforzar las reservas internacionales.

Las conversaciones con el FMI corren, a esta altura, por dos carriles separados. Por un lado, la negociación de un nuevo acuerdo financiero que reemplace al Stand By firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri y que reestructure la devolución de los USD 45.000 millones que el Fondo envió al país. Por otro, la discusión global -en la que Argentina busca tener cierto protagonismo- sobre cómo repartir los USD 650.000 millones con los que el FMI recapitalizará a sus países miembro como iniciativa para afrontar el impacto del Covid a nivel mundial.

Parte de la agenda del G20 tuvo que ver con esa cuestión. La postura de Guzmán y de ministros de otros países es que debería implementarse un mecanismo para que los derechos especiales de giro (DEG, la moneda del Fondo Monetario) que se repartan entre los países ricos, tengan algún esquema de redistribución entre economías pobres o, en el mejor de los casos para la Argentina, también de ingreso medio.

La diferencia no es sutil. La propia directora del organismo financiero Kristalina Georgieva mencionó en una declaración reciente en el G20 que “para magnificar el impacto de la asignación, avanzaremos rápidamente para explorar opciones para que los miembros económicamente más fuertes usen voluntariamente sus DEG para ayudar a los países pobres y vulnerables”.

La presencia o no en esa lista de naciones de ingresos medios marcará si puede haber un fondeo extra para el Tesoro nacional en un mediano plazo. Uno de los argumentos oficiales para justificar la inclusión de los países de ingreso medio es que, por ejemplo, concentran alrededor del 65% de la población del mundo bajo la línea de pobreza.

Y la declaración de los países del G20 también apuntó hacia esa dirección. “Para magnificar significativamente el impacto de la asignación, pedimos al FMI que presente rápidamente opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables”, firmaron los ministros y banqueros centrales.

Uno de los integrantes de la comitiva argentina en Venecia mencionaba en las últimas horas que el Ministerio de Economía trabajó “durante meses” para poder llegar a la cumbre de ministros y banqueros centrales con un entramado de alianzas y contactos preestablecidos con otras delegaciones para poder “instalar” algunos debates hacia el interior del G20. La cuestión sobre el reparto de los DEGs de los países ricos es uno de ellos.

La postura de Guzmán y de ministros de otros países es que debería implementarse un mecanismo para que los derechos especiales de giro que se repartan entre los países ricos tengan algún esquema de redistribución entre economías pobres o, en el mejor de los casos para la Argentina, también de ingreso medio.
El Fondo Monetario ya delineó los próximos pasos para concretar el giro de USD 650.000 millones. Según informaron desde Washington, Georgieva elevó su solicitud de tratamiento de la propuesta -que ya tiene el aval del directorio- a la junta de gobernadores. Este órgano de decisión votará -se asume positivamente- el 2 de agosto.

Desde ese momento, habrá algunas pocas semanas de demora hasta que se ejecuten los desembolsos. “Una vez aprobada, se espera que la asignación se implemente a fines de agosto”, explicó el Fondo Monetario en un comunicado. A la Argentina le corresponderán USD 4.300 millones por tener el 0,7% de las “acciones” del organismo.

En otro de los temas en que el Ministerio de Economía leyó un guiño del G20 fue la puesta en marcha de un impuesto global mínimo dirigido a grandes empresas multinacionales. Guzmán reclamó en público que ese tributo -acordado preliminarmente en un 15%- sea más alto, de entre 21 y 25 por ciento.

“El comunicado final del G20 contiene palabras negociadas por Argentina, que se necesita un sistema tributario más estable y más justo y dejó la puerta abierta a nuevas negociaciones de acá a octubre”, mencionaron en la delegación.

Fuente INFOBAE ECONÓMICO