Presupuesto 2027: el Gobierno busca desenganchar la AUH de la inflación y reformar el sistema de discapacidad

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto 2027, con una pauta de gastos de $202,1 billones y metas de superávit fiscal. Sin embargo, más allá de los números agregados, la iniciativa encendió las alarmas en el ámbito social y legislativo al incluir reformas de fondo en el régimen de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Fin a la movilidad automática en asignaciones

El artículo 17 de la propuesta oficial deroga la norma que ataba el incremento de las asignaciones familiares a la inflación (fórmula vigente desde principios de 2024). Al suprimir la actualización automática basada en el IPC y no incluir una fórmula sustituta ni un calendario fijo, la determinación de los aumentos pasaría a depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

La medida reitera el intento realizado en el Presupuesto 2026, oportunidad en la que el Congreso terminó eliminando ese articulado para mantener la garantía de movilidad.

Cambios profundos en el régimen de discapacidad

El proyecto introduce modificaciones clave que impactan tanto en la prestación de servicios como en la asignación de pensiones no contributivas:

• Aranceles desregulados: Se elimina la actualización mensual por inflación y el nomenclador de valor único nacional. Con el nuevo esquema, cada prestador podrá fijar su tarifa y las obras sociales o prepagas establecerán un tope de cobertura. Referentes del sector advierten que esto romperá la equidad en la atención e incrementará los costos para las familias.
• Pensiones e incompatibilidad laboral: Se busca dar de baja el acceso automático mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y restablecer el criterio de «invalidez laboral». Asimismo, el beneficio volvería a ser incompatible con el empleo formal y se retiraría la obligatoriedad de la cobertura médica integral para los titulares.

Fuerte rechazo legislativo y de las organizaciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad denunciaron que la desregulación arancelaria «federaliza la desigualdad» y atenta contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el Congreso, la oposición cuestionó el intento del Gobierno de incluir estas reformas a través de la ley de presupuesto, en pleno debate por la prorroga de la emergencia del sector.