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El Juez Federal de Victoria dio curso a un amparo contra el Gobierno por el desvío de $1,5 billones en fondos viales

El Juez Federal de Victoria Dr. Federico Martín admitió la acción impulsada por dirigentes entrerrianos. Denuncian que el Estado nacional usó recursos del impuesto a los combustibles para sostener el superávit fiscal en lugar de reparar las rutas de la provincia.

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La causa iniciada contra el Estado Nacional por el abandono de la infraestructura vial en Entre Ríos sumó un capítulo decisivo en los tribunales federales. El Juez Federal de Victoria resolvió dar curso al trámite de una acción de amparo que exige al Poder Ejecutivo la reactivación urgente de las obras y el mantenimiento de la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia.

La demanda, caratulada “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/Amparo Ley 16.986” (expediente 12957/2026), apunta de lleno a la gestión de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y del fideicomiso SIT, originado en el Decreto 976/01.

En su resolución, el juez Martín dispuso notificar formalmente a las partes demandadas y solicitó informes pormenorizados a los organismos del gobierno nacional para que fundamenten el destino dado a las partidas de origen tributario.

Especulación financiera con el impuesto a los combustibles

El eje central del reclamo radica en la utilización del impuesto a los combustibles líquidos, un tributo con asignación específica que pagan a diario los automovilistas al cargar nafta o gasoil.

Según el escrito presentado y respaldado por declaraciones de Guillermo Michel, la administración nacional habría desacoplado la recaudación de su fin legal. «Cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas. Sin embargo, tres de cada cuatro pesos de ese fondo fueron derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales», precisó.

El monto cuestionado supera el billón y medio de pesos ($1.500.000.000.000). De acuerdo con los demandantes, esa masa de dinero fue retenida para sostener lo que calificaron como un «superávit fiscal maquillado», mientras la red vial del litoral muestra deterioros severos y obras paralizadas.

Redes neurálgicas en riesgo

La medida judicial afecta de forma directa a la red caminera de Entre Ríos, infraestructura estratégica para la producción agropecuaria, el transporte de cargas pesadas hacia el Mercosur y la conectividad interprovincial e internacional.

Ruta NacionalTramo estratégicoImpacto directo
Ruta Nacional 12Eje troncal (Zárate-Brazo Largo, Gualeguay, Nogoyá, Paraná hasta Corrientes).Tránsito pesado y conexión con el norte del país.
Ruta Nacional 14Corredor del Mercosur (Ceibas, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia).Intercambio comercial internacional y turismo.
Ruta Nacional 18Eje transversal de oeste a este (Paraná a Concordia vía Villaguay).Corredor biocéanico y articulación interna.
Rutas 135, 136 y 174Pasos a Uruguay (Colón y Gualeguaychú) y enlace Rosario-Victoria.Conexiones transfronterizas e interprovinciales.

A este esquema se suman arterias secundarias vitales como las rutas 127, 130, 131 y el acceso A015 a la Represa de Salto Grande, donde la falta de inversión afecta sensiblemente la seguridad vial.

Con la habilitación de este amparo, la Justicia Federal le fijó plazos a la Casa Rosada para responder los requerimientos y explicar las razones del desvío de partidas en un conflicto que combina debate fiscal, federalismo y seguridad en los caminos.

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