Política

«Es una canallada la causa contra Macri, de espionaje a familiares del Ara San Juan, salvo…» Doctor Idelfonso Esnal ex Fiscal de Estado y ex ministro de Justicia de Entre Ríos

El 2022, será un año donde tanto el actual presidente, la vicepresidenta y el ex primer mandatario Mauricio Macri, verán el accionar de distintas causas, que les interpelan. En esta primera nota (de dos) al respecto, dialogamos con el Doctor Idelfonso Esnal, ex Ministro de Justiica de nuestra provincia.

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Hilda Sosa WWW.ENTRERIOSNOTICIAS.AR

El ex presidente Mauricio Macri; si bien afronta actualmente, la causa sobre «espionaje» a familiares del submarino Ara San Juan; tiene en su camino, otra que lleva tiempo y nos remonta a la década menemista, la de Correo Argentino.

Bien vale antes de continuar, recordar que el hundimiento del ARA San Juan (S-42), se produjo el 15 de noviembre de 2017 a las 7:30 a. m. (hora local) en aguas del mar argentino, con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos a bordo. Al año, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta.

Aquello, tuvo un sinfín de idas y venidas y consecuencias legales adversas, al rol del ex primer mandatario del PRO; hasta que el1° de diciembre, el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava lo procesó y embargó por cien millones de pesos. (leer al pie del video)

Desde ENTRERIOSNOTICIAS.AR, dialogamos al respecto, con el Doctor Idelfonso Esnal, prestigioso letrado entrerriano, quien otrora fuera Fiscal de Estado, ex ministro de justicia de la provincia y ex senador provincial.

«Es una canallada atribuirle a Macri….salvo que pueda haber algo ilegal en utilizar la AFI para averiguar estas cosas…» dijo entre otras cosas el ex senador entrerriano.

Respecto de la causa Correo Argentino, que lleva dos décadas en su haber, dijo que todo «dependerá de quien esté en el gobierno al momento de la sentencia…»; trayendo a colación de ésto, lo que se viene, con la reestructuración del Consejo de la Magistratura. (VIDEO)

1-Causa Espionaje a Familares Ara San Juan
La causa por el espionaje a los familiares se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran hallados tres pendrives. Un año antes, los familiares ya habían denunciado el espionaje, pero la denuncia fue desestimada por falta de pruebas.

En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia, a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.

Cuál es la situación de Macri
El ex presidente está imputado por haber supuestamente ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan.

En cuanto al tecnicismo jurídico, el ex jefe de Estado podría ser juzgado por la violación de la ley de inteligencia N° 25.520 y eventualmente por asociación ilícita. En cuanto a la infracción a la ley de inteligencia, esta establece en sus artículos 42 y 43 las disposiciones penales que contienen penas de hasta 10 años de prisión. Por su rol de presidente de la Nación, la pena de Macri se agrava en caso de encontrarlo culpable debido a que era quien debía fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la Política de Inteligencia Nacional.

Por su parte, el ex presidente, en su defensa, sostuvo que el espionaje ilegal en caso de haber ocurrido fue realizado por espías de la AFI por cuenta propia, pero no fue ordenado desde el poder ejecutivo.

2-Causa Correo Argentino (cronología)

Marzo de 1997: El presidente Carlos Menem otorgó por decreto la concesión de la empresa Correo Argentino S.A. a la Sociedad Macri (SOCMA), por lo que Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal.

Septiembre de 2001: La empresa Correo Argentino S.A. ingresa en concurso de acreedores, al no poder afrontar sus obligaciones financieras.

Noviembre de 2003: El presidente Néstor Kirchner le rescindió al Grupo Macri el contrato de concesión y denunció que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda del Correo con el Estado ascendía a 296 millones de pesos, que al momento equivalían a 296 millones de dólares. La empresa, a su vez, planteó que reclamó el pago de deuda por parte del Estado en servicios prestados.

Junio de 2016: La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia del Correo Argentino con los acreedores para lograr un acuerdo y saldar la deuda. Los representantes del Estado aceptaron la propuesta de la empresa, que ofreció pagar el 100% del capital verificado (296 millones de pesos) en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017. El acuerdo debía ser homologado por la Justicia comercial.

Diciembre de 2016: La fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó la oferta de la empresa por considerar que era “abusiva”, implicaba un perjuicio fiscal y su aceptación dañaba “gravemente” el patrimonio del Estado. En su dictamen, Boquín señaló que la empresa de la familia Macri “se benefició con un estado de eterno concurso y logró suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores”.

Febrero de 2017: El diputado Martín Sabbatella (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Igolnikov denunciaron penalmente al gobierno de Macri por el acuerdo. El expediente recayó en manos del juez Ariel Lijo. El entonces fiscal Juan Pedro Zoni impulsó la investigación por supuesto perjuicio ocasionado al Estado e imputó al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Diciembre de 2018: Lijo citó a indagatoria a Aguad, ex ministro de Comunicaciones y por entonces ministro de Defensa; a Juan Manuel Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; a Jaime Cibils Robirosa, presidente del Correo, y Jaime Leonardo Kleidermacher, abogado de esa empresa; acusados de intervenir y ser partícipes de la maniobra en la negociación presuntamente abusiva y “perjudicial” para el Estado.

Marzo de 2019: Los cuatro indagados declararon que el acuerdo no fue perjudicial para el Estado y reclamaron que la causa se cerrara por “falta de acción”.

Agosto de 2019: Los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia rechazaron los planteos para cerrar la investigación de los directivos de la empresa Correo Argentino y dieron luz verde a Lijo para avanzar y resolver la situación procesal de los indagados. El juez dispuso un estudio contable a la DAJUDECO para establecer el monto real de la deuda.

Marzo de 2020: La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino S.A. y el “desplazamiento total” de sus directivos, en cumplimiento de una serie de medias solicitadas por Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago. Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.

Agosto de 2020: La jueza decide abrir el proceso de salvataje para que se presente todo interesado en adquirir Correo. El proceso se frena luego de que Correo recusara a la jueza y a la fiscal por presunta parcialidad. Socma denuncia además penalmente a ambas magistradas, al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, por intervenir en el caso.

Febrero de 2021: El juez Lijo recibe el informe pedido sobre la deuda. El estudio confirma que el acuerdo aceptado por el macrismo sobre el Correo Argentino fue perjudicial para el Estado.

Marzo de 2021: Correo presenta una oferta de salvataje: ofrece pagar al Estado 1.110 millones de pesos en un solo pago o la suma que determine la Justicia. Zannini, en nombre del Estado, rechaza la oferta y pide igual la quiebra. Al mismo tiempo, la firma apela ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad la recusación contra las funcionarias del caso, episodio que abre la polémica sobre la competencia de ese fuero para analizar la cuestión.

4 de julio de 2021: Macri, ante la inminencia de una decisión judicial y el rechazo de la oferta de pago de deuda, plantea: “¿Por qué Zannini hace esto? Porque si aceptara que la deuda fuera pagada no podría pedir la quiebra. ¿Y por qué quiere pedir la quiebra? Porque mis hijos fueron accionistas. Esa es la razón. Es la forma de atacarlos para atacarme. Esta es la verdad. No es justicia, es persecución y venganza”.

5 de julio 2021: La jueza decreta la quiebra. Si el Correo no puede hacer frente al monto, la quiebra podría extenderse a Socma y Sideco, empresas de la familia Macri.

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