Multisectorial: asi se pronunciarion en la capital provincial contra la Reforma Previsional ¿cómo fue el ausentismo docente?

Este miércoles por la mañana Paraná fue el epicentro de una marcha donde docentes de los 17 departamentos de la provincia, junto a trabajadores estatales, judiciales y legislativos, se posicionaron contra el proyecto de reforma jubilatoria que se debate en el Senado.

Asi fueron los ejes centrales de los discursos y los argumentos presentados por cada referente sindical durante el acto:

1. Pérdida del 82% móvil y el nuevo cálculo jubilatorio

El Secretario General de AGMER (docentes), Abel Antivero, denunció que el histórico beneficio del 82% móvil es «una mentira» en el nuevo proyecto de ley.

• Aseguró que, debido a las modificaciones en la fórmula de cálculo, la jubilación real pasará a representar aproximadamente un 60% del salario en actividad.
• Señaló que el impacto será más severo en las mujeres, ya que el argumento oficial de «equidad» no contempla las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre ellas.
• Expuso una contradicción interna en el Ejecutivo: denunció que cerca de 20 funcionarios de cargos jerárquicos de la propia Caja de Jubilaciones se apuraron a tramitar su retiro bajo la ley vigente antes de que se apruebe el recorte.

2. Empeoramiento de las condiciones de retiro y desenganche salarial

La titular de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, detalló el impacto técnico y humano de la reforma sobre los trabajadores municipales:

• Edad y tipo de tareas: Cuestionó que la ley obligue a extender la edad laboral (hasta los 68 años en algunos casos) sin considerar el desgaste físico de empleos como cocineras de comedores, recolectores de residuos, inspectores o trabajadoras de jardines maternales.
• Desenganche paritario: Acusó que el proyecto desvincula el haber de los jubilados municipales de los aumentos del sector activo de su propio municipio, ligándolos a una paritaria centralizada controlada por el gobernador.
• Retraso en los pagos: Advirtió que la actualización de los haberes jubilatorios llegará con una demora real de entre 90 y 120 días y que, al no ser retroactivos, licuarán el poder adquisitivo frente a la inflación.

3. Aumento previo de aportes y extensión del período de cálculo

El Secretario General de la Asociación del Personal Legislativo (APLER), Sergio Almeida, recordó que el sector ya ha realizado concesiones y sacrificios económicos recientes:

• Detalló que en el pasado ya se había ampliado la base del cálculo jubilatorio de los últimos 5 años de actividad a los últimos 10, y que la nueva reforma pretende extenderla a los últimos 20 años.
• Remarcó que recientemente ya se incrementó el porcentaje de los aportes previsionales obligatorios de los trabajadores, pasando del 16% al 19%.

4. Financiamiento, «sumas en negro» y exenciones impositivas

Sofía Cáceres Sforza, titular del sindicato de docentes universitarios (SITRADU), apuntó a la política fiscal como la verdadera causa del déficit de la Caja:

• Denunció que el propio Gobierno provincial desfinancia el sistema previsional al otorgar aumentos salariales mediante sumas no remunerativas («en negro»), sobre las cuales no se realizan aportes a la seguridad social.
• Criticó que, en paralelo al ajuste sobre los trabajadores, el gobierno provincial opta por quitarle impuestos a los sectores económicos más concentrados.
• Asimismo, fustigó al gobierno nacional de Javier Milei por no aplicar las leyes de financiamiento para las universidades públicas.

5. Falta de inversión en infraestructura y prohibición de asambleas

El representante de la educación técnica (AMET), Roberto Aguirre, rechazó la idea de que los docentes tengan «privilegios» y defendió el concepto de «derechos especiales» para garantizar la calidad educativa.

• Denunció el deterioro de la infraestructura escolar (afirmando que los docentes pasan frío en las aulas por falta de inversión) y los intentos latentes de recortar servicios esenciales como el transporte escolar rural.
• Repudió las medidas de la gestión de Frigerio que buscan restringir las asambleas sindicales en los lugares de trabajo y las resoluciones que obligan a los huelguistas a «autodenunciarse».

6. Denuncia contra el sector empresarial y el senador Dal Molín

Hacia el final del acto se expusieron dos fuertes denuncias políticas y corporativas:

• Apoyo empresarial: Abel Antivero (AGMER) identificó y criticó a un bloque de entidades del sector privado —entre ellas la Bolsa de Cereales, la Unión Industrial, la Federación Agraria y la Cámara de la Construcción— por respaldar la reforma. Les reprochó tener «doble vara», acusándolas de callar ante los despidos en el sector privado (como en Granja Tres Arroyos) mientras piden ajustar el sistema previsional de los trabajadores.
• El caso Dal Molín: Se reveló ante la multitud que el senador oficialista Rubén Dal Molín inició su propio trámite jubilatorio el pasado 25 de junio, con el objetivo de retirarse bajo las condiciones de la ley actual antes de votar la reforma que recortará los derechos del resto de los aportantes.

Los números del gobierno

De acuerdo con el relevamiento realizado en establecimientos educativos de toda la provincia, tres de cada cuatro docentes asistieron a sus lugares de trabajo, lo que permitió sostener el funcionamiento de las instituciones y garantizar el desarrollo de actividades escolares en gran parte del territorio entrerriano.

Los datos recabados por el organismo reflejan que la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas y desarrollaron las propuestas pedagógicas previstas para la jornada, asegurando la continuidad del servicio educativo y de las trayectorias escolares de los estudiantes.

En ese marco, el Gobierno de Entre Ríos ratificó su voluntad de continuar fortaleciendo el diálogo con los representantes de los trabajadores de la educación y recordó que el gobernador convocó a una nueva reunión de la mesa paritaria docente para el próximo lunes 6 de julio.

El encuentro se realizará a las 17 y contará con la participación de los gremios docentes de AGMER, AMET, UDA y SADOP, en el marco del proceso de negociación que el Ejecutivo provincial sostiene con las organizaciones sindicales para abordar las condiciones laborales y salariales del sector.