Provinciales

Se reunió la Mesa Interinstitucional en Entre Ríos (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

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Se realizó hoy un nuevo encuentro de la Mesa Interinstitucional, espacio integrado por estamentos de los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal; el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER); y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. En la oportunidad se presentó el proyecto de reforma parcial del Código Procesal Penal de Entre Ríos; la reforma de un artículo de la Ley 7.046 de aranceles de abogados/as y procuradores/as de Entre Ríos; y se avanzó en las propuestas para la reforma parcial del Código Procesal Laboral de Entre Ríos.

Durante la reunión de la Mesa Interinstitucional, espacio en el que se analizan y debaten temas relacionados a la justicia provincial, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dio a conocer las propuestas para reformar parcialmente el Código Procesal Penal de la provincia, que ayer le fueran entregadas al gobernador Gustavo Bordet.

En la oportunidad, la vocal Claudia Mizawak dijo que con las sugerencias realizadas se apunta a acelerar los procesos; se admiten institutos (Oficina de Gestión de Audiencias) que figuran en la Orgánica del STJ, pero no en la ley; se incorpora el vocabulario con perspectiva de género y se establecen los plazos para llevar adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) con intervención del juez/a de Garantías, entre otros aspectos.

A través del proyecto se propone fijar 20 días hábiles para que el Misterio Público Fiscal haga una valoración previa cuando se reciba una denuncia o promueva una investigación de oficio; en caso de que decida la apertura de causa tendrá tres meses para formalizar la imputación desde el decreto de apertura, prorrogables por tres meses más.

Luego y desde la primera formalización e imputación tendrá un año para llevar a cabo la IPP, prorrogable por seis meses más. Asimismo en los casos complejos se duplicarán los plazos y existe la posibilidad de solicitar una clausura provisoria por un término máximo de un año, siempre con la intervención y autorización del juez o jueza de Garantías.

También se sugiere fijar un límite para la presentación de los acuerdos de juicio abreviado y se establece que los delitos con penas de prisión perpetua no podrán entrar en ese instituto. Cuando se traten de casos de violencia de género, deberán contar con la conformidad de la víctima o querellante particular.

Durante el encuentro, realizado esta mañana en el Salón de Acuerdos del STJER, también se aprobó la propuesta que la Mesa Interinstitucional presentará a la Legislatura para reformar la Ley 7.046 de aranceles de abogados/as y procuradores/as de Entre Ríos.

En ese sentido la modificación sugerida para el artículo 29 de dicha ley quedó redactada de la siguiente manera:

“Articulo 29.- UNIDAD ARANCELARIA JURISTA“. Establécese que la Unidad Arancelaria “JURISTA”, se equiparará en su monto al valor del “Jus Previsional”, establecido en el artículo 46 de la Ley N° 9.005, y sus modificatorias, debiendo guardar siempre la misma relación a los fines de la aplicación de la presente ley. Se propone agregar a dicha norma lo siguiente: “Toda regulación de honorarios deberá expresarse en juristas como unidad de valor, y en moneda de curso legal, bajo pena de nulidad. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de unidades Juristas contenidas en el auto regulatorio, según su valor vigente al momento del pago. Los honorarios deberán ser abonados en los plazos previstos en el artículo 114. Cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde que aquella se haya producido y hasta el efectivo pago. La presente norma deberá trascribirse en la cédula o resolución que se notifique por el sistema de notificación electrónica bajo pena de nulidad”. Se considera esta modificación como una prioridad que justifica un inmediato tratamiento legislativo.

Código Procesal Laboral

Otro de los temas tratados fue la reforma del Código Procesal Laboral de la provincia (artículo 60 y procedimiento declarativo abreviado). Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial y el Colegio de la Abogacía se dieron a conocer los principales aspectos de las propuestas, que en los próximos días se entregará al Poder Ejecutivo y será enviada al Poder Legislativo para su tratamiento.

Además se trataron aspectos vinculados al funcionamiento del Instituto de juicio por jurados.

De la reunión participaron la presidenta del STJER, Susana Medina; el vicepresidente Daniel Carubia; el vocal Germán Carlomagno; la vocal Claudia Mizawak; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el secretario parlamentario de la Cámara de Senadores, Lautaro Schiavoni; y el secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Saboldelli.

En representación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial asistieron su presidente, Alejandro Cánepa y su vicepresidenta, Laura Soage, junto a Gaspar Reca Ríos (secretario general) y María Andrea Morales (vocal). Por el Colegio de la Abogacía estuvieron su presidente, Alejandro Canavesio, José Velázquez y César Bechetti.

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