Desde FARER hacen hincapié en la necesidad del Seguro Multiriesto

Todos coinciden en que su implementación beneficiaría a los productores afectados por eventos climáticos. En 2009 se presentó en el Congreso un proyecto que nunca pudo avanzar, básicamente porque el Estado debía subsidiar la prima. Ruralistas denuncian falta de decisión política para debatir el tema, y, además, aseguran que la legislación vigente no se cumple en su totalidad. Danilo Lima

El impacto de la sequía en Entre Ríos es letal y no existe sector productivo que haya podido “zafar” del durísimo impacto de la falta de lluvias. Ante este escenario, la administración del gobernador Gustavo Bordet decretó la emergencia y/o el desastre agropecuario, según corresponda, en toda la provincia, cuya homologación ya fue aprobada por la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario.

La instancia para acceder a diferimientos o exenciones impositivas está lista para operar desde hace algunos días y los productores afectados tienen tiempo hasta el 17 de febrero para presentar, de manera on line, las declaraciones juradas.

“No alcanza”

La declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario, si bien es bienvenida, no alcanza –según coinciden productores y dirigentes del sector– para compensar las enormes pérdidas que este tipo de fenómenos ocasiona.

“Es lo que hay, pero no alcanza. No sirve para casi absolutamente nada, ésa es la realidad, y lo hemos dicho”, señaló Nicasio Tito, el secretario de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), quien recordó que durante la última reunión de la Mesa de Enlace de Entre Ríos con el Gobierno “tuve la oportunidad de decirle al ministro (de Economía y Producción, Hugo) Ballay que la declaración de la emergencia y la postergación del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario es una victoria pírrica e insignificante porque al productor no le cambia absolutamente nada”.

Hay productores, remarcó el ruralista, que “perdieron millones de pesos” porque la ganadería, los tambos, la agricultura y las economías regionales “son explotaciones a cielo abierto, con riesgos enormes”.

Y esos problemas se acentúan, subrayó, “cuando no hay competitividad, cuando hay una inflación que se devora todo, cuando hay un dólar que fluctúa de una manera impresionante, cuando hay cierre de exportaciones, todas cuestiones macroeconómicas que dependen del Gobierno y no de la naturaleza”.

Tito, ex presidente de la Sociedad Rural de Federal, contó que algunos productores se ven obligados, ante la falta de pasturas y reservas, a vender sus animales “a precios insignificantes”, mientras otros “no pueden levantar la cosecha –los rindes del maíz son malísimos– y las pérdidas enormes”. Un productor de maíz, ejemplificó, necesita un rendimiento de 4.000 kilos para salvar los costos y hoy en el centro norte entrerriano anda en 1.000 kilos.

En la opinión del ruralista, “la naturaleza siempre se expresó así, con secas algunas veces y lluvias excesivas en otras ocasiones, pero si el país tuviera un contexto macroeconómico normal, que le permitiera a los productores paliar los problemas, el panorama no sería tan complicado. Pero cuando el Gobierno no sabe, no quiere, o mira para otro lado, las consecuencias son un desastre”.

– ¿Cuáles serían las herramientas concretas que ayudarían efectivamente al productor en estas situaciones?

– Medidas a tomar, si hubiera predisposición de los gobiernos, hay una infinidad. La misma ley (de emergencia agropecuaria) es muy abarcativa y muchas veces no se la aplica en su totalidad ya que sólo se cumplen algunos artículos.

La principal medida sería la implementación de un seguro multirriesgo, pero todo esto se define con decisiones políticas y eso es lo que falta. Mientras tanto, el productor entra en una situación de desesperación porque pierde su producción.

El Gobierno no quiere tomar estas decisiones. Y déjeme decirle algo más: para mí la suerte está echada. Llevamos más de siete años de gobierno y Gustavo Bordet jamás recibió a la Mesa de Enlace de Entre Ríos en la Casa de Gobierno, como nos merecemos los productores, no por tener privilegios, sino porque somos un sector dinámico, que genera fuentes de trabajo de manera directa e indirecta a miles de personas en toda la provincia.

– ¿Por qué no se avanza con el seguro multirriesgo?

– Porque no les interesa. Ésa, lamentablemente, es la cruda realidad que nos está pasando a los entrerrianos desde hace muchísimos años.

Es cierto que, quizá, por cuestiones de la macroeconomía, un seguro multirriesgo no sea viable en este momento, pero cuál es la alternativa, cuál es el plan B, C o D que ayude, mientras tanto, a paliar los problemas derivados de la sequía. ¿O sólo tenemos que esperar que llueva?

– ¿No tienen, siquiera, una mínima expectativa de que esto cambie en lo que resta del mandato de Bordet?

– No. Y, además, de qué nos serviría ahora, cuando al Gobierno le queda menos de un año.

Un proyecto que duerme

José Carlos Basaldúa, ex presidente de la Sociedad Rural de Victoria y de Farer, por su parte, puso su mirada en la Ley 26.509, de emergencia agropecuaria, y, sobre todo, en un proyecto de ley, presentado en 2009 por tres diputados nacionales, que “duerme el sueño de los justos”. Esa iniciativa proponía la creación de un seguro multirriesgo.

“Todo lo que significa riesgo agropecuario tiene un largo historial en la Argentina. Arrancó en 1983 con la primera ley de emergencia agropecuaria, la 22.913, que creó la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria”, rememoró Basaldúa.

Esa norma fue sustituida, en 2009, por la Ley Nacional 26.509, actualmente en vigencia.

Hace poco más de dos años, a través de una ley provincial, se creó la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Básicamente es una ley espejo de la 26.509 que le otorga a la comisión provincial las mismas potestades que tiene la nacional.

Desde noviembre de 2009 –cuando salió el decreto de reglamentación de la Ley 26.509– hasta hoy, Basaldúa ha formado parte de la comisión nacional, y, en ese trayecto, “me di cuenta de que una de las provincias en donde siempre había problemas –llegábamos tarde y mal y había poca asignación de recursos nacionales– era Entre Ríos”, explicó.

La ley provincial, en definitiva, “es una herramienta para poder gestionar, en tiempo y forma, la asistencia financiera necesaria cuando se produce un evento climático que afecta la producción agropecuaria”.

Basaldúa, asimismo, admitió que la ley 26.509 es objeto de diversas apreciaciones sobre cuestiones supuestamente no contempladas, cuando en realidad “en algún artículo están” establecidas. “Lo que sucede es que siempre nos quedamos solamente en el tema impositivo”, señaló el también ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Desde mi punto de vista, hablando de esta ley, lo que hoy falta es gestión; es decir que se trabaje teniendo en cuenta toda la ley, y no con un pedacito de la ley que habla del Impuesto Inmobiliario, Ganancias y Bienes Personales. Hay beneficios que la Ley 26.509 incorpora y que no son utilizados”, subrayó.

– ¿Cuáles son esos beneficios?

– La financiación del Banco Nación, para que el productor pueda seguir trabajando y salir adelante. La ley, específicamente, dice que el Banco Nación debe aplicar a sus líneas de crédito un 25% de bonificación para los productores que están en emergencia y un 50% para los que se encuentran en desastre. Y nunca un productor pudo obtener un crédito con estas bonificaciones porque nadie le dice al Banco Nación que cumpla con la ley. Ésta es una falencia importante.

– ¿Qué debiera modificarse en la normativa vigente?

– En el tema impositivo debería incorporarse la posibilidad de que los productores –empezando por los que están en emergencia y desastre– puedan utilizar el exceso de IVA como de libre disponibilidad para pagar cualquier tipo de impuestos.

– Parece una buena propuesta.

– Lo hemos reclamado muchas veces. En febrero del año pasado, concretamente, le pedí al gobernador Bordet que le solicitara a la Jefatura de Gabinete que todos los productores en emergencia pudiesen utilizar el crédito de IVA y pasarlo a libre disponibilidad… pero seguimos igual.

Hay otro punto importantísimo: cuando en 2009 se sancionó la Ley 26.509 se estableció un fondo de 500 millones de pesos, y hoy, casi 14 años después, sigue siendo el mismo monto. Ahora, según mis estimaciones, ese monto debiera ser de unos 30.000 millones de pesos.

– Cada vez se habla más de la necesidad de un seguro multirriesgo ¿Es viable implementar esa herramienta en un un país con la macroeconomía totalmente fuera de cauce?

– Es indispensable. Y más en un país agroalimentario como el nuestro.

Cuando en 2009 salió la reforma de la Ley de Emergencia Agropecuaria, ese mismo año en la Cámara Baja, ingresó un proyecto sobre seguro agropecuario, presentado por los diputados Walter Agosto, Ariel Dalla Fontana y Jorge Obeid, muy interesante porque había sido muy debatido por todos los actores de la cadena. Pero como todo en este país, ese proyecto duerme el sueño de los justos por una simple razón: la iniciativa establecía que el Estado debía subsidiar la prima de los seguros a partir del 50%.

– Está claro, entonces, que en este tema no se avanza porque el Estado no quiere poner plata.

– Exactamente.

– ¿Es posible que este proyecto sea retomado?

– Creo que sí porque es el complemento de la Ley de Emergencia Agropecuaria. En 2009 nos quedamos con la mitad de la historia.

– Habrá que insistir.

– Sí, claro, y hay que empezar ya porque se trata de una de las cuestiones que debe ser resuelta en el próximo período constitucional.

(Nota publicada en El Diario y Código Campo)