JUICIO POLÍTICO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: «el gobernador Bordet tuvo una actitud prudente, fue saludable» Doctor Rodolfo Parente

Hilda Sosa WWW.ENTRERIOSNOTICIAS.AR

Enmarcado y definido por cuatro causales, el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia, ya comenzó a ir en busca de su cauce; de la mano del primer mandatario nacional, Alberto Fernández, este tema ha logrado instalarse en la primera plana mediática.

Cuatro causales interpeladas por:

• Declaraciones «amenazantes» (El documento cita un artículo publicado por La Nación el 30 de septiembre de 2022 donde se consigna que «Horacio Rosatti le envió una clara advertencia al Gobierno por las reformas Judiciales» y unas declaraciones vertidas en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales celebrado en la ciudad de Catamarca. Las califica como declaraciones que se alzan contra el poder constitucional).

• El vínculo con la oposición (En relación a los vínculos personales con la oposición como causal, el texto discierne entre las responsabilidades de Rosatti y las del resto de los miembros del alto tribunal. Sobre el titular de la Corte Suprema, refiere a los presuntos nexos con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que exhiben las filtraciones de chats cuyo origen se desconoce y que deben ser investigados).

• Reestablecer una ley derogada; reinstaurando el régimen previo de la Ley N° 24.937 por el cual la titularidad del cuerpo recae en la cabeza del máximo tribunal (Respecto de Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, ambos son señalados por fallar -junto con Rosatti- el 16 de diciembre de 2021 declarando la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías del Consejo de la Magistratura previsto en la Ley N° 26.080 y reinstaurando el régimen previo de la Ley N° 24.937 por el cual la titularidad del cuerpo recae en la cabeza del máximo tribunal).

•El fallo sobre Coparticipación (Ésta es la única que incluye a los cuatro miembros del tribunal ya que Ricardo Lorenzetti también participó del fallo que decidió incrementar la masa coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2,95%, sin fundamentar nunca el porqué de ese porcentaje. Así y todo, también distingue responsabilidades entre Rosatti -a partir de los vínculos con funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta a través de Robles, a raíz de las filtraciones- y lo que cabe de responsabilidad para Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda).

Consultado al respecto por ENTRERIOSNOTICIAS.AR, el Doctor Rodolfo Parente, radical, ex legislador provincial, ex convencional constituyente y ex miembro del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, en representación del Colegio de Abogados, durante tres años; entre otras cosas, que definen su trayectoria (ver al pie del video); el letrado no hizo mella al momento de posicionarse frente a la temática, «es insólito, extemporáneo y no fundamentado, no guarda las formas, es de una enormidad institucional, tremenda, que sólo responde a una política de desdén por las instituciones democráticas», sentenció al inicio del diálogo.

Amén de indicar que a su criterio, este planteo que ha alcanzado ribetes de gran exposición en la opinión pública, caducará en tres o cuatro meses, ya que no tiene sustento; si bien atravesó su relato con una pregunta, ¿no obedecerá ésto a una interna dentro del mismo Frente de Todos?.

Al responder a nuestra inquietud, sobre la postura tomada por el gobernador Gustavo Bordet, al respecto; tuvo una respuesta con marcada anuencia y reconocimiento a aquel, en una primera parte, «me parece que tuvo una actitud prudente, ha estado bien asesorado, hizo bien, fue saludable»; ya que al finalizar dicha apreciación, recordó que no acompañó con el veto a la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, donde se torna excesivo el poder del ejecutivo en la elección de jueces y fiscales. (AUDIO)

Algo sobre el Doctor Rodolfo Parente

-Docente Universitario Titular en Universidad Adventista

-Asesor en Honorable Cámara de Diputados de la Nación

-Concejal en Honorable Concejo Deliberante de Diamante

-Asesor Ad Honorem en Cámara de Diputados de la Nación Argentina

-Director en Pregón de Ramirez

-Convencional Nacional en Convención Nacional Constituyente

-Diputado Nacional en Honorable Cámara de Diputados de la Nación

-Diputado Provincial en Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos

-Consejo de Administración en Consejo de Redacción Revista Semanal «PUEBLO»

-Ha estudiado Formación Docente en Universidad Nacional Mayor de San Marcos

-Ha estudiado Abogacia en Nacional del Litoral

-Ha estudiado Master en Sociología en Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Lomas de Zamora

-Ex miembro del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, en representación del Colegio de Abogados

Detalle causales pedido de Juicio Político (con información de El Cronista Comercial)

CAUSAL 1: DECLARACIONES «AMENAZANTES»
«El presidente de la Corte Suprema dijo que solo funcionarán los cambios que tengan el consenso y participación del Poder Judicial; recordó los fracasos en las transformaciones intentadas en los últimos tres años», menciona el artículo en cuestión que se presenta como prueba.
Según el Presidente y los gobernadores, en caso de corroborarse dichas expresiones, «claramente denotan la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación» porque «formuló sus expresiones en términos tales que cualquier observador imparcial puede interpretar que, en realidad, pretendió dirigir una advertencia a los otros Poderes gubernamentales».

Acorde al documento, Rosatti expresó «que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
En este sentido, acusan al titular de la Corte Suprema de pretender asumir un rol de co-legislador que excede la potestad del Poder Judicial, y del alto tribunal como último responsable, del control de constitucionalidad de las leyes en el marco de un caso judicial concreto y una vez que ya fueron propuestas, debatidas y sancionadas o el correspondiente decreto ejecutivo dictado. Y para ello, citan la jurisprudencia de otros fallos de la Corte en materia de equilibrio de poderes donde «ha adoptado criterios de suma prudencia al ejercer el control de los actos del H. Congreso de la Nación o del Poder Administrador»
«Actuar como una suerte de órgano co-legislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la República. Y, como se verá, la ‘advertencia formulada’ se ha materializado en decisiones del máximo tribunal del país que ha extralimitado sus funciones constitucionales de modo inadmisible», indica. Y remarca: «si se traspasan esos límites, existirá un muy corto camino hacia el denominado ‘gobierno de los jueces’, violatorio del sistema de distribución de competencias y de contrapesos diseñado por los constituyentes».

CAUSAL 2: EL VÍNCULO CON LA OPOSICIÓN
En relación a los vínculos personales con la oposición como causal, el texto discierne entre las responsabilidades de Rosatti y las del resto de los miembros del alto tribunal. Sobre el titular de la Corte Suprema, refiere a los presuntos nexos con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que exhiben las filtraciones de chats cuyo origen se desconoce y que deben ser investigados.
Habla así de las conversaciones entre Silvio Robles, director general de la Vocalía de Rosatti que oficia «como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años», y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con uso de licencia ahora. El Presidente y los gobernadores firmantes entienden que los intercambios deben ser considerados en tanto que describen «una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura».

Según los denunciantes, la meta final era «obtener de esa ilegal manera una mayoría propia», como último eslabón de una cadena de maniobras destinadas a concentrar el poder político judicial en la persona del presidente de la Corte Suprema. Indicaciones que giran en torno a desconocer los decretos emitidos por la Presidencia del Senado con los que se designaban a los senadores respectivos en el Consejo de la Magistratura y las acciones que el senador del PRO Luis Juez debía seguir en su reclamo judicial.

La acusación señala también a la esposa de Robles, exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta como otro nexo de las relaciones entre el funcionario judicial y la fuerza de la oposición, todo lo cual debería haber sido causal para que Rosatti se excuse de intervenir por un potencial conflicto de intereses en una causa donde había mucho en juego a nivel político para Juntos por el Cambio.

«Es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual, como se desarrollará en el punto siguiente, asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación», apunta el texto.

CAUSAL 3: REESTABLECER UNA LEY DEROGADA
Respecto de Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, ambos son señalados por fallar -junto con Rosatti- el 16 de diciembre de 2021 declarando la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías del Consejo de la Magistratura previsto en la Ley N° 26.080 y reinstaurando el régimen previo de la Ley N° 24.937 por el cual la titularidad del cuerpo recae en la cabeza del máximo tribunal.

Esta acción de Rosatti fue en desmedro de la Ley de ética en el ejercicio de la función pública que estipula que «todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado» deben abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual tengan un «interés en el pleito». En su caso, esta norma lo instalaba al frente del órgano en disputa.

Pero la decisión avalada también por Rosenkrantz y Maqueda, afirma el escrito, implicó «arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado, afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional».

Ligado a ello, la decisión del 8 de noviembre de 2022 de admitir el recursos extraordinario presentado por los senadores PRO Humberto Schiavoni y Juez declarando que la partición del bloque «Frente de Todos» en dos sub-bloques -«Frente Nacional y Popular» y «Unidad Ciudadana»- tras el fallo anterior «fue con la finalidad de desplazar al ‘Frente PRO’ como segunda minoría y quedarse, así, con otra banca más en el Consejo de la Magistratura» violando «el objetivo de pluralidad representativa de la Ley N° 24.937» con una «maniobra manipulativa».

Tal decisión se contradice, asegura el texto denunciante, con la toma de juramento de los diputados designados tras el fallo del 28 de noviembre a través del cual el juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, resolvió lo opuesto ante un reclamo del Frente de Todos en la Cámara baja sobre la misma estrategia de la oposición con la designación de la diputada radical Roxana Reyes como consejera por la segunda minoría.

«La Corte avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional», apunta la denuncia.

Y en referencia al aval otorgado en el caso de Diputados por parte de Maqueda y Rosenkrantz -en sintonía con Rosatti- el Presidente y los gobernadores cuestionan el uso de la figura de la acordada que «en estas circunstancias, ha violado la Constitución Nacional, ya que esa herramienta jurídica procede para la adopción de decisiones destinadas a resolver asuntos de naturaleza administrativa o funcional intrapoder» y «no como un subterfugio para dirimir conflictos judicializados».

Este fundamento, que puede sonar a tecnicismo, se basa en que la Corte Suprema utiliza esta herramienta para resolver de forma anticipada un caso que no arribó aún a su instancia «por las vías procesales pertinentes, concepto este que incluye la necesaria audiencia de las partes involucradas», indica la denuncia. Y cierra: «esto no aconteció en el caso, y allí radica el vicio de orden constitucional que padece la Acordada».

CAUSAL 4: EL FALLO SOBRE COPARTICIPACIÓN
La última parte de la denuncia es la única que incluye a los cuatro miembros del tribunal ya que Ricardo Lorenzetti también participó del fallo que decidió incrementar la masa coparticipable para la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2,95%, sin fundamentar nunca el porqué de ese porcentaje. Así y todo, también distingue responsabilidades entre Rosatti -a partir de los vínculos con funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta a través de Robles, a raíz de las filtraciones- y lo que cabe de responsabilidad para Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.

Respecto al presidente de la Corte, la denuncia insiste en que debería haberse apartado de la causa a la luz de los vínculos entre un funcionario judicial de estrecha confianza como Robles y Marcelo D’Alessandro que entonces era el ministro responsable de asistir a las audiencias y llevar la negociación con Nación en nombre de la Ciudad. «En el intercambio entre ambos funcionarios, el funcionario de la Corte y principal colaborador del doctor Horacio Rosatti, le envía un link con una nota periodística en el que se informa que el Presidente del Máximo Tribunal seguiría interviniendo en este caso», cita el texto.
Consigna además que el pedido de apartamiento de Rosatti se dirigía, justamente, a cuestionar los vínculos entre ambos funcionarios quienes habían arribado juntos y compartido un cumpleaños -del hermano del Procurador General de la Ciudad- en un hotel porteño. «Horacio Rosatti no se excusó y los restantes miembros del Tribunal, posiblemente ignorando el alcance de la relación entre Robles y D’Alessandro, prefirieron sostenerlo», alega.

Incluso menciona otro chat en el que Robles informa que Rosatti no asistiría a un encuentro pautado, sin mayores detalles, siempre acorde a los chats cuya veracidad debe ser aún comprobada. «La convivencia entre aquel espacio político y la Corte resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho, en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial, todos los cuales fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti», concluye.

Y respecto al fallo de la medida cautelar en su conjunto -cuyo uso también cuestionan en tanto a que no amerita urgencia frente al estado presupuestario de déficit cero de la Ciudad-, aseveran los denunciantes que «la Corte se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones». Esto corresponde a que la cabeza del tercer poder instruye tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional respecto a cómo distribuir los recursos, «cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos».

En el medio, sostiene que la Corte Suprema suspende la aplicación de la Ley 27.606 -sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020 para definir el traspaso de coparticipación porteña- sin cuestionar su constitucionalidad y ordena modificar la Ley de Presupuesto «al exigir que sea de cumplimiento inmediato» lo que conlleva a reformar las partidas ya aprobadas por el Congreso, contra lo estipulado en el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional sobre la potestad exclusiva del Congreso de la Nación con base en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

«Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal», concluye la denuncia. Y agrega: «Se trata entonces, ni más ni menos, de un decisorio que promueve el fortalecimiento irregular de un distrito, de una estructura partidaria y del financiamiento de futuras candidaturas.»